El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el paquete de ayudas con valor de 11.000 millones de euros destinado a mitigar el impacto de la Covid en el empleo| y la actividad económica. Tal como han explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el paquete cuenta con 7.000 millones de euros en ayudas directas que gestionarán las comunidades autónomas, 3.000 millones de euros para reestructurar los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 1.000 millones para recapitalizar empresas. Las ayudas directas irán centradas sobre todo en los sectores del turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.
Las Canarias y las Baleares recibirán 2.000 millones de los 7.000 en ayudas directas previsto por el decreto ley aprobado este viernes, vista la afectación diferenciada que están sufriendo por la Covid en su actividad económica. El resto, 5.000 millones, serán para el resto de comunidades autónomas, las cuales tendrán que gestionar el presupuesto que les corresponda.
Según el decreto ley aprobado, los autónomos y empresas que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos respecto del 2019 podrán recibir hasta 200.000 euros en ayudas directas destinados a pagar gastos fijos y deudas. En el caso de las micropymes con hasta diez empleados y autónomos, las ayudas servirán para cubrir hasta el 40% de la caída de los ingresos y, en el resto de empresas, las ayudas cubrirán un 20% de la caída.
El paquete, el cual fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas, está previsto que se transfiera en un plazo "muy reducido", concretamente de un mes y diez días, según ha concretado a la ministra de Hacienda. Montero espera que entonces las comunidades pongan los recursos en marcha en un "plazo breve".
Las ayudas aprobadas
Las ayudas directas serán no reembolsables y servirán para pagar deudas o facturas que se hayan contraído desde marzo de 2020. Para acceder al paquete de ayudas, las empresas tendrán que mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni aumentar retribuciones de la alta dirección en dos años. Con respecto a los 3.000 millones destinados a reestructurar deuda, el objetivo es que permitan acompañar aquellas empresas viables con problemas transitorios en los procesos de reestructuración.
Las comunidades autónomas serán responsables de gestionar los fondos, los cuales se asignarán a los diversos territorios en función de los mismos criterios utilizados por el REACT-EU: el impacto en la riqueza de cada territorio, en el paro y en el paro juvenil.