El Gobierno tiene entre ceja y ceja el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). De hecho este miércoles ya se reunieron con los sindicatos y patronales para intentar buscar el consenso necesario para aumentar 15 euros el SMI de manera inmediata y en 31 en 2022 i 2023. Sobre esta cuestión ya se pronunció ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que opina que, de momento, no hay que subirlo. 

Pues bien, Garamendi ha abogado por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar distintos SMI en función del territorio, para adaptar este indicador a una "España diversa" como ya se hace en la negociación colectiva.

"Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país", ha afirmado Garamendi en declaraciones a Capital Radio, donde ha recordado que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos varía en función de los territorios, ya que no aplican las mismas condiciones salariales en el convenio del metal del País Vasco que en otras comunidades.

Asimismo, ha recordado que el alza del SMI no le cuesta nada al Estado, dado que las administraciones no actualizan conforme a su evolución los contratos suscritos con empresas adjudicatarias. "El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo", ha asegurado Garamendi, que ha insistido en la negativa de las organizaciones empresariales a subir el SMI para lo que resta de 2021.

"Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que el salario mínimo no afecta a las empresas del IBEX ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

"En los últimos tres años el SMI ha subido el 30%. Nadie dice que no haya que subirlo, solo decimos que no es el momento", ha añadido el presidente de CEOE, partidario de analizar una senda en el tiempo.

El Gobierno rechaza la idea

Pocas horas después de la propuesta lanzada por Garamendi, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ha rechazado y ha expresado su confianza en que la patronal respalde finalmente la subida del SMI que se negocia en el marco del diálogo social.

En declaraciones a RNE, la ministra ha señalado que sería muy complejo establecer un SMI por territorios y ha subrayado que la regulación estatal es la que debe primar en todo el país, más allá de la capacidad de la negociación colectiva para mejorar el salario mínimo.

"No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación con el territorio porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen", ha defendido.

Propuesta del Gobierno

concretamente lo que propuso ayer el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales es una subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta 965 euros brutos al mes, para lo que resta de 2021, y que para 2022 y 2023 subidas de 31 euros cada año, lo cual dejaría el SMI al cierre de la legislatura en 1.027 euros.

La propuesta fue rechazada por los agentes sociales, tanto por las patronales CEOE y Cepyme como por los sindicatos CCOO y UGT, con lo que el Ministerio de Trabajo ha decidido convocar una nueva reunión para el lunes que viene para dar una oportunidad al acuerdo social.

Para los sindicatos incrementar lo SMI 15 euros en 2021 es insuficiente en un contexto de elevada inflación, mientras que las patronales han insistido en su negativa a una subida este año porque entienden que hace falta dar prioridad a la consolidación del empleo y la recuperación.

Imagen principal: Fotografía de recurso del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la firma de la reforma de las pensiones - Ricardo Rubio / Europa Press