Si todo va bien, en menos de un año, cualquier persona podrá crear una empresa por solo un euro. Eso es porque el Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial que, entre otras novedades, permitirá, una vez se apruebe la ley de forma definitiva, la creación de empresas con un capital social de un euro, limitará las subvenciones a las sociedades que paguen en plazo y se creará un observatorio de la morosidad.

Además, el anteproyecto de ley contempla ampliar las actividades para las cuales no es necesario obtener una licencia, y promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos, lo cual contribuirá a profundizar en la digitalización de la actividad empresarial y a facilitar la actividad empresarial, hacer más fácil el nacimiento de empresas y su vida y desarrollo.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una de las reformas estructurales "más importantes" del Plan de Recuperación, y busca "mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas, así como la creación de empleo".

¿Cuándo llegará al Congreso?

Como toda futura ley, esta tendrá que ser aprobada, en última instancia, por el Congreso de los diputados, y según han indicado fuentes del Ministerio de Economía a Efe, el anteproyecto, previsiblemente, llegará al Congreso a finales de este año y no se pondrá en marcha hasta el año siguiente.

La medida estrella del proyecto es la reducción del capital social para crear una empresa desde 3.000 a un euro, para que este capital inicial no sea un obstáculo y siempre con medidas para garantizar los derechos de los acreedores. Asimismo, se refuerzan los mecanismos para la creación ágil, lo cual afecta a los trámites con la Seguridad Social, Hacienda o de registro y los que se llevan a cabo a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

Por otra parte, para facilitar el crecimiento de las empresas se mejorará la regulación y la ley de garantía de la unidad de mercado, que se modificará para actualizar y aclarar; se mejorarán las ventanillas a través de las cuales los operadores puedan exponer qué trabas se encuentran, y se agilizarán los mecanismos de cooperación entre administraciones.

En contra de la morosidad

Otros de los puntales del anteproyecto es la lucha contra la morosidad comercial, para eso se promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos; la idea es incluir la factura electrónica en los servicios subvencionados, con lo que además de reducir costes se podrá contar con la información de cómo pagan las empresas.

Eso permitirá ofrecer incentivos eficaces para reducir los plazos de pago, como una modificación de la ley de subvenciones que establezca que las que no cumplan no podrán acogerse a subvenciones. Está prevista la creación de un Observatorio de Morosidad en el Consejo Estatal de la Pyme, que permitirá hacer un seguimiento de los periodos medios de pago y, gracias a esta información, elaborar códigos de buenas prácticas.

Otro aspecto que aborda el anteproyecto son las medidas de apoyo a instrumentos de financiación al crecimiento empresarial, entre los cuales está el capital de riesgo o las plataformas de micromecenazgo o "crowdfunding".

Aunque en España ya están reguladas, se adaptará en parte la normativa europea de manera que tengan un mayor protagonismo y más escala, y también se incorporan los fondos a largo plazo y se crean otros instrumentos como la figura de los fondos de deuda cerrados, que lo que hacen es invertir en préstamos y en facturas comerciales. Como en noviembre entra en vigor la regulación europea sobre estas plataformas, se trata de que las españolas puedan prestar servicios en la Unión Europea (UE).

Para inversores minoristas, se establece un límite único de inversión de 1.000 euros o un 5% del valor, límite que no está prohibido superar, pero sobre el cual los inversores recibirán una advertencia; asimismo, el límite de proyecto se fija en 5 millones de euros.

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