Los ministros de Energía de la Unión Europea intentarán este jueves alcanzar un acuerdo para fijar un límite al precio de las compras de gas a partir de una propuesta de Bruselas que fija el techo del megavatio hora (MWh) y que países como España tildan de "tomadura de pelo" por el precio fijado, pero también rechazan otros como Alemania o los Países Bajos por considerar innecesario un mecanismo corrector. Después de semanas de expectativas crecientes y presión política, la Comisión Europea ha presentado una propuesta formal para establecer lo que pronto podría ser el primer límite en toda la UE a los precios del gas, pero con condiciones tan estrictas que quizás nunca se activaría. La medida extraordinaria actuará como techo de seguridad ante los casos de extrema volatilidad y especulación desenfrenada en los mercados del gas.

¿Dónde se fija el tope del precio?

Las condiciones propuestas significan que el límite solo se iniciaría cuando los precios del gas de la UE incumplan este umbral durante dos semanas consecutivas, calculado a partir de compras anticipadas mediante el principal referente de precios del gas del bloque, TTF. Así pues, el límite depende del precio del TTF del gas natural licuado, una forma de gas fácilmente transportable que se puede enviar a todo el mundo. El Title Transfer Facility (TTF), que es el punto de referencia de precio del gas más utilizado en la UE, tiene un papel clave en el mercado mayorista europeo del gas.

El mecanismo se activaría automáticamente cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

  • El precio de liquidación del derivado TTF del primer mes supera los 275 € durante dos semanas.
  • Los precios del TTF son 58 € superiores al precio de referencia del GNL durante 10 días de negociación consecutivos dentro de las dos semanas.

Cuando se cumplan estas condiciones, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACERO) publicará inmediatamente un aviso de corrección de mercado en el Diario Oficial de la Unión Europea y lo informará a la Comisión, a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ÁNIMO) y al Banco Central Europeo. (BCE). Al día siguiente entrará en vigor el mecanismo de corrección de precios y no se aceptarán pedidos de derivados TTF de primer mes que superen el límite de precio de seguridad. El mecanismo se puede activar a partir del 1 de enero de 2023. Hay que recordar que la única vez que el precio del gas TTF ha superado el límite de 275 euros fue entre el 22 y el 29 de agosto de este año. Sin ir más lejos, el martes cotizaba unos 120 euros.

Negativa mayoritaria de los 27

La ministra de transición ecológica española, Teresa Ribera, calificó la propuesta de la comisión de "broma", diciendo que provocaría subidas de precios más pronunciadas y dificultaría los esfuerzos por controlar la inflación alta de décadas. Por su parte, la ministra francesa de transición energética, Agnès Pannier-Runacher, ha criticado un esquema "insuficiente" que "no responde a la realidad del mercado". Y alerta: "La Comisión tiene que proponer un texto operativo, no solo un texto que tenga un carácter político y que pueda tener efectos negativos o nulos". La respuesta desde Bruselas es que el mecanismo está pensado para anticipar y evitar que esta situación sucediera en el futuro, pero admiten que incluso la subida de precios de agosto no lo habría desencadenado. El límite, si se aprueba, entraría en vigor en enero y llegaría después de meses de riñas entre los estados miembros.

Más allá de las negociaciones sobre el límite en el gas, los 27 debatirán también dos puntos más en este consejo extraordinario: el reglamento de solidaridad para las compras conjuntas de gas y la aceleración del despliegue de las energías renovables. A pesar de tratarse de dos instrumentos diferentes, es posible que algunos estados quieran vincular el reglamento de solidaridad al límite al gas de Bruselas, ya que deja su artículo 23 abierto a la posibilidad que la Comisión planteara un mecanismo de control de precios. Por otra parte, se negociará el reglamento de 'permitting', que establece criterios de interés público prioritario para acelerar la autorización de grandes instalaciones de infraestructuras para energías renovables y plantea la dificultad de un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad y la transición verde.