La justicia andorrana ha estimado el recurso de los exdueños de Banca Privada d'Andorra (BPA) contra la inadmisión de la querella que presentaron contra las autoridades bancarias del país, y paralelamente la Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (Areb) les reclama 479 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

Según ha publicado El Confidencial, los accionistas mayoritarios de BPA hasta su intervención -los hermanos Higini y Ramon Cierco y su exconsejero delegado Joan Pau Miquel- ganaron el recurso de apelación el 20 de junio, y, en menos de una semana, la Areb ha reclamado a los Cierco y al resto de la dirección del antiguo BPA la cantidad de 479 millones de euros alegando su responsabilidad en la caída de la entidad.

El auto judicial 

El auto que estima el recurso de apelación de los exdueños del banco constata que "se puede prudencialmente considerar que en la operación de transmisión del negocio de BPA a Vall Banc, financiado mediante la emisión de las obligaciones convertibles (CoCos), BPA habría sufrido un perjuicio de millones".

El juez ordena diligencias para aclarar el valor de las obligaciones convertibles en su fecha de emisión; cómo se determinaron las características de la emisión; el valor real de las obligaciones el 3 de abril (cuando las adquirió Jc Flowers); el precio satisfecho por Jc Flowers; por qué se depreciaron las obligaciones; por qué se condonó el precio del cupón para 2017; y "determinar la concreta intervención de cada uno de los querellados en los hechos investigados".

"Solo así se podrá valorar si la enorme pérdida de valor de las obligaciones convertibles (CoCos), que en poco más de dos años pasó de 70 millones de euros a 12,8, obedeció a causas que exceden del ámbito de la jurisdicción penal", añade.

El auto menciona un informe de 2018 del catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, Prosper Lamothe Fernández, sobre la emisión de CoCos por parte de Vall Banc. Concluye que el nivel de rentabilidad de esas obligaciones "no se encuentra dentro de un rango de mercado razonable ni se ajusta a su perfil de riesgos". El informe añade que el valor razonable "representaría un 27,29% de su valor nominal. Esto es, el valor razonable de las Obligaciones emitidas por Vall Banc ascendería a 19.103.500 euros, frente a su valor nominal, que es de 70 millones de euros, en el momento de su emisión".

Además, a principios de junio, los hermanos Cierco y Joan Pau Miquel dijeron en un comunicado que las autoridades andorranas deben anular la compraventa de los bonos con que "de forma artificiosa" el fondo americano JC Flowers compensó los activos recibidos del Estado andorrano tras nacionalizarse BPA para dar lugar al actual Vall Banc.

En el comunicado alegaban que la venta de los CoCos no siguió los mecanismos de concurrencia y publicidad "que establece la ley aprobada expresamente para gestionar la denominada crisis de BPA. El procedimiento es anómalo e ilegal".

Reclamación de la Areb

A finales de este mes de junio -pocos días después del auto judicial que estima el recurso de los exdueños del banco-, el administrador único de la intervenida BPA, Òscar Gelabert, interpuso una demanda civil contra los miembros del consejo de administración de la entidad antes de ser intervenida.

Para los demandados, "es una respuesta a la reclamación hecha por los antiguos accionistas de BPA exigiendo una reparación de los daños causados con la expropiación del grupo bancario", según un comunicado. También consideran que es una respuesta "a la querella que recientemente se ha admitido a trámite y que acusa a la Areb, BPA y JC Flowers de prevaricación y administración desleal, entre otros, por el asunto de los CoCos".