El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han emitido una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en que reclaman los 1.350 millones de euros con los que financiaron el Castor. Las tres entidades aportaron esta cantidad para facilitar el cierre del almacén submarino de gas y el Gobierno se comprometió a devolverlo en 30 años, "más los daños causados".
Esta reclamación llega después que el Tribunal Constitucional declarara nulo el real decreto-ley que permitió a Escal UGS, la empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, ya que entiende que no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Las tres entidades han ofrecido al Gobierno Español un inicio de acuerdo para poder realizar la devolución de manera flexible para que no tenga un gran impacto a las cuentas del Estado. De esta manera, proponen que se les devuelva el importe de manera gradual y de la misma manera en que estaba establecido en el decreto ley.