La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha alertado este jueves del riesgo de que la deuda se estabilice en torno al 90% del PIB en la próxima década, según la opinión publicada el pasado 9 de enero en que analiza el impacto en las cuentas públicas de las previsiones en gasto de pensiones. El estudio se ha elaborado en un escenario inercial a políticas constantes, es decir, que implica mantener los saldos presupuestarios del 2018 y teniendo en cuenta el gasto acumulado de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones públicas. El Airef calcula que a partir del 2030 la ratio de deuda sobre el PIB volvería a ser creciente y que se elevaría hasta el 132,2% en el 2048, "a falta de medidas que lo compensen".

El Airef prevé que la vinculación de las pensiones a la inflación supondrá una presión sobre el gasto, especialmente a partir de los años 30 coincidiendo con la jubilación de la generación del 'baby boom'.

En este nuevo escenario, la nueva previsión de gasto en pensiones provocará un cambio cualitativo en la dinámica de la ratio de la deuda, situándola entorno al 130% del PIB en un horizonte de 30 años, si se mantiene constante el saldo primario del 2018 en los diferentes subsectores de las administraciones públicas.

En cambio, asumiendo las presiones procedentes de la actualización de las pensiones en el IPC, el Airef estima que la deuda podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB en un escenario que implique una política fiscal convergente al equilibrio presupuestario a largo plazo (escenario normativo); y orientada a conducir el stock de deuda de los distintos subsectores a su nivel de referencia (13% del PIB para las comunidades autónomas y el 44% para la Administración Social y Seguridad Social).

Por otra parte, el Airef sitúa Catalunya, Castilla-la Mancha, el País Valencià y Murcia con un alto riesgo de sostenibilidad, aunque "la situación individual es muy dispar". Los dos principales riesgos siguen siendo el nivel de endeudamiento y la creciente dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación. En cambio, cinco comunidades llegarían a una deuda inferior al 13% del PIB en los próximos 30 años (Islas Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco).