El Govern quiere recuperar el programa para centralizar el pago de impuestos estatales del sector público catalán después de que al ejecutivo español lo dejara sin efectos en un Consejo de Ministros diciembre del 2017, cuando la Generalitat estaba intervenida para el 155.
El vicepresident y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ve una "prioridad" para el 2019 volver a implementar este programa y ha acusado al ejecutivo español, entonces comandado por Rajoy, de actuar con "oportunismo político" porque la tramitación era "plenamente legal".
Lo ha dicho en el balance de la transformación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que ha internalitzado funciones, se ha desplegado por el territorio y ha emprendido una transformación digital. El despliegue de la ATC ha permitido un ahorro de 8,5 millones en el 2018, que se ampliará hasta 33,71 millones en el 2027, según el primer balance de la Generalitat.
Aragonès, se ha congratulado hoy de estas cifras, que demuestran, según su opinión, que el Gobierno "es capaz de hacerlo muy bien cuando asume responsabilidades" propias de un Estado.
Desde que la Generalitat asumió en septiembre del 2017 la gestión completa de los tributos cedidos, la recaudación se ha incrementado un 14% en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y un 23% en sucesiones y donaciones.
Además, la puesta en marcha de las 28 oficinas territoriales ha hecho posible un crecimiento de las citas previas del 92% y una disminución de la conflictividad en los expedientes gestionados del 9,5%, a la hora que la demora en la resolución de recursos se ha reducido un 38%.