El abogado general del TJUE, Evgeni Tanchev, propone multar a España por el retraso en la transposición de la normativa de la UE sobre créditos hipotecarios, que el Estado tenía que llegar como mucho tarde antes del 21 de marzo del 2016, y que finalmente ha tardado tres años. En las conclusiones hechas públicas este jueves, el abogado opina que el estado español no adoptó dentro de los plazos marcados las disposiciones "legales, reglamentarias y administrativas necesarias" para dar cumplimiento a la directiva europea.

Además, pide que se imponga en España una multa coercitiva diaria de casi 106.000 euros, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia y hasta que se comunique a la Comisión Europea las medidas necesarias para cumplir con la norma europea.

Las opiniones particulares de los abogados generales del TJUE no son vinculantes pero en la mayoría de casos son secundadas por el tribunal cuando se dicta sentencia. Según recoge el texto de las conclusiones, el estado español no ha negado el hecho que no haber comunicado dentro del margen ninguna medida de transposición de la directiva europea. A la vista en Luxemburgo, España alegó que se preveía que la ley nacional de transposición se aprobara el 14 de febrero del 2019.

Finalmente, la nueva ley de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que incluye cambios e invierte la norma europea, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el día 20 del mes pasado en Madrid. Con todo, la ley no entrará en vigor hasta junio. Así, el retraso en la transposición será de tres años, ya que tenía que aplicarse como a tarde en marzo del 2016.

Avisos previos y normativa

La Comisión Europea avisó a España en varias ocasiones antes de llevarla ante la justicia europea, donde meses más tarde, el 27 de abril del 2017, acabó interponiendo un recurso por el "incumplimiento" del estado miembro en la transposición de la directiva.

La normativa sobre hipotecas se adoptó en febrero del 2014 para "mejorar los medidas de protección de los consumidores". La ley prevé que los ciudadanos dispongan de una "información más clara y comprensible" de las hipotecas gracias a la introducción de una "ficha europea de información normalizada" que tiene que permitir "comprender mejor los riesgos" de los contratos así como "comparar ofertas y escoger el producto que mejor responda a sus necesidades".