La justicia ha desestimado la demanda presentada por Juan Ignacio Prat Payeras, socio del Barça, contra tres miembros de la anterior junta directiva —Joan Laporta, entonces presidente y actual candidato; Eduard Romeu, exvicepresidente económico, y Ferran Olivé, extesorero—, así como contra Joan B. Casas, miembro de la Comisión Económica. El procedimiento tenía su origen en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2021, y continuada el 23 del mismo mes, en que los socios aprobaron el plan de financiación del Espai Barça. El demandante consideraba que los responsables del club habrían incurrido en una presunta infracción vinculada a la conducta asociativa a raíz de cómo se acabó concretando la operación.
La demanda cuestionaba la financiación del Espai Barça
El núcleo de la demanda se centraba en las diferencias entre los términos aprobados por los socios en aquella Asamblea y el resultado final de la financiación cerrada posteriormente por la directiva con Goldman Sachs y JP Morgan. Según sostenía el socio, la autorización concedida por los compromisarios hacía referencia a una financiación global de 1.500 millones de euros para todo el Espai Barça. En cambio, denunciaba que el fondo de titulización finalmente suscrito se limitó a 1.400 millones destinados exclusivamente a las obras de remodelación del Camp Nou, dejando fuera del paquete de financiación otras piezas del proyecto como el nuevo Palau Blaugrana, el pequeño Palau y la pista de hielo.
La justicia avala la actuación de la junta y tumba la demanda
En su argumentación, Prat Payeras defendía que este desenlace contradecía el mandato aprobado por los socios en la Asamblea y alteraba de manera sustancial el alcance de la operación avalada en sede asamblearia. Es decir, entendía que la junta había formalizado un acuerdo diferente del que se había sometido a votación, tanto en cuanto a la cuantía como a los equipamientos incluidos dentro de la financiación. La discrepancia, por lo tanto, no se centraba solo en la cifra final, sino también en el hecho de que una parte relevante del Espai Barça quedara fuera de esta estructura financiera, a pesar de que, según el demandante, la propuesta aprobada por los socios tenía un alcance más amplio e incorporaba el conjunto del proyecto.
Con todo, la resolución judicial ha absuelto a la parte demandada de todas las pretensiones ejercidas por el socio y ha desestimado íntegramente la demanda. Además, el juzgado ha impuesto los costes del proceso al demandante, un hecho que refuerza la victoria judicial de los exdirigentes y del representante de la Comisión Económica afectados por el procedimiento. De esta manera, la justicia cierra, al menos en esta instancia, uno de los frentes abiertos en torno a la gestión del Espai Barça y avala la actuación de los responsables denunciados en relación con la Asamblea de octubre de 2021 y la posterior formalización de la financiación para la remodelación del Camp Nou.