El Barça ha anunciado que tendrá que pagar la suma de 47 millones de euros a la Inmobiliaria Mar por la operación de venta de los terrenos de Can Rigalt del año 2005. El Tribunal Arbitral ha confirmado que el club blaugrana tiene que recuperar los terrenos porque no se han cumplido los requisitos pactados.

En la reunión de la Junta Directiva se ha informado de que la venta en el 2005 de las 25 hectáreas de unos terrenos ubicados en el sector de Can Rigalt, por el cual el club generó unos beneficios de 35,4 millones de euros, se tendrá que deshacer. Por lo tanto, el club tiene que devolver el precio de aquella operación más los intereses, que acaba ascendiendo a 47 millones.

El pacto y los requisitos constaban en una modificación del Plan General Metropolitano y que se urbanizara el terreno. La inmobiliaria tenía previsto construir 1.000 vivendres, un hotel y una estación de Fecsa-Endesa.

El contrato del mandato Laporta

La actual directiva no ha querido decir nombres, pero afirmó que "gracias a esta operación la directiva de Laporta cerró el primer mandato con beneficios y por tanto no tuvo que avalar". Una clara referencia a la directiva anterior, que no lleva una buena relación con la actual.

En desacuerdo con la sentencia de la CE

El Barça también ha comunicado que ha seguido las normas desde el primer momento en referencia a la demanda de la Comisaria Europea de la Competencia, Margrethe Vestager por la tributación de los clubs que no son Sociedades Anónimas Deportivas. El club blaugrana también ha recalcado que desde el pasado enero la entidad tributa tal como establece la reforma del Impuesto de Sociedades.

La exposición del Barça

1.- El Club ha cumplido en todo momento lo que prevé la legislación española a través de su Ley del Deporte, aprobada el 15 de octubre de 1990.

2.- Desde el mes de enero de este año 2016, el FC Barcelona tributa, tal como establece la reforma del Impuesto de Sociedades, y ya no tiene ninguna diferencia fiscal con respecto al resto de clubs españoles.

3.- El Club defenderá los intereses de sus socios ante interpretaciones abusivas de la ley.