Durante los meses finales de la Guerra Civil, paralelamente al avance que el ejército franquista hacía en tierras catalanas, miembros de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos confiscaron muchos documentos de instituciones, partidos políticos y particulares en Catalunya.
Los papeles fueron enviados a Salamanca para ser evaluados. Con este espolio, Franco pretendía recolectar pruebas para perseguir y juzgar a aquellas personas que habían dado apoyo al bando republicano.
Prácticamente cuarenta años más tarde, la llegada de la democracia permitió que las instituciones y entidades catalanas reclamaran el retorno de los documentos catalanes expoliados en Catalunya, lugar donde tenían que estar porque es de donde habían salido. Aunque en un inicio las demandas catalanas no fueron escuchadas por el gobierno español, ni bajo mandato socialista ni popular, en 2004 una comisión de expertos creada por el patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española se mostró favorable a devolver los papeles expoliados a Catalunya.
En noviembre del 2005, las Cortes Españolas aprobaron la Ley 21/2005 donde se autorizaba el retorno a la Generalitat de Catalunya de los documentos catalanes confiscados con motivo de la Guerra Civil. Era el momento en que esfuerzos de personas e instituciones catalanas se vieron reconfortados con la luz verde de esta ley que permitía que los papeles viajaran de Salamanca hacia Catalunya.
El primer envío de documentos llegó al Arxiu Nacional de Catalunya el 31 de enero del 2006, un trayecto que se ha ido repitiendo en los últimos años, a medida que el gobierno español ha ido enviando los documentos a tierras catalanas, a veces con más puntualidad, otras con un poco más de reticencia.
Aunque este proceso de retorno hace más de 10 años que dura, "Catalunya todavía no tiene el 100% de los papeles", recuerda Josep Cruanyes, coordinador de la Comisión de la Dignidad. Una falta que se debe, primero de todo a que la Ley 21/2005 sólo preveía el retorno de los documentos de la Generalitat republicana y de particulares, pero no los documentos de los Ayuntamientos.
La segunda razón, es que el envío que llegó el 4 de diciembre del 2014 no se correspondía con lo que la comisión mixta había pactado.
Este problema se debe a que el gobierno español alega que no se ha concretado todo el retorno de documentación confiscada porque no se ha localizado o ya no existen los titulares de estos documentos. Una opinión que se contradice con lo que se decidió en el 2006 de que sería la Generalitat quien se encargara de encontrar y devolver los papeles a sus legítimos propietarios, trabajo que la Generalitat ha estado haciendo en los últimos años.
El gobierno español reclama el retorno de papeles
Si hasta ahora una parte de los papeles habían realizado el trayecto Salamanca–Catalunya para que fueran devueltos a sus propietarios o herederos; ahora es el gobierno español quien reclama que los documentos y fondos bibliográficos que no se hayan podido restituir a sus propietarios vuelvan al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
Descargan una remesa de los papeles de Salamanca devuelta a Catalunya
La pedida surge de una reclamación promovida por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y por el conjunto de senadores de la provincia, hecha efectiva a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que ha insistido al Govern que dé cumplimiento a la ley y acate el acuerdo con las sentencias del pleno del Tribunal Constitucional, 20/2130, 67/2019 y 68/2013.
En estas sentencias, se establece que los documentos, los fondos documentales y otros efectos confiscados en Catalunya a personas naturales o jurídicas de carácter privado por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos continúan siendo de titularidad estatal, si no se ha podido realizar la devolución legítima a los propietarios.
Esta no es la única demanda para la vuelta de papeles a Salamanca. El historiador Policarpo Sánchez, presidente de la entidad Salvar el Archivo de Salamanca, también considera que la Generalitat no está haciendo bien su trabajo ya que "el Estado envió papeles a Catalunya de gente de otras comunidades autónomas que nunca ha pisado tierra catalana y, por lo tanto, no le corresponde tenerlos". Una demanda que Sánchez acompaña de un proceso de firmas que ya cuenta con 65.000 adhesiones.
Por otra parte, Sánchez se alinea con esta petición del PP y pide a la Generalitat que cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional de devolver los papeles, "los documentos que se le entregan a la Generalitat no son para quedárselos, sino para devolverlos a sus propietarios y si no, devolverlos al Estado".
Dos mujeres revisan los papeles de Salamanca en uno de los actos de entrega a propietarios
Proceso abierto y lento
No obstante, el Govern no se muestra cómodo con lo que ahora se pide desde el ministerio. Así lo ha confirmado a El Nacional Francesc Balada, director del Arxiu Nacional de Catalunya, que recuerda que devolver los documentos a sus propietarios legítimos o a sus herederos es "un proceso largo que todavía está en marcha" y pone el ejemplo del retorno de documentación que se hizo el pasado mes de febrero al grupo del PSC y al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Un proceso lento al cual la Generalitat ha dedicado y dedica mucho esfuerzos publicando listas con los nombres de los propietarios de los documentos o buscando el domicilio de familias de los expoliados, algunos de los cuales estaban en el exilio.
Josep Cruanyes destaca que la Generalitat tiene la responsabilidad de "buscar a los propietarios de los papeles". Por su parte, Balada remarca que buena parte de los documentos que restituyeron a la Generalitat "han sido prácticamente todos devueltos a sus legítimos propietarios o herederos" y tan sólo queda un 4% para devolver. Además, Balada recuerda que no hay ninguna fecha límite en la sentencia del Tribunal Constitucional y que en ningún caso "prescribe el derecho de las víctimas de recibir lo que se les confiscó".
¿Qué documentación se llegó a enviar a Catalunya?
Esta es la pregunta que quiere resolver Policarpo Sánchez. El historiador presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para que la Generalitat devolviera al Archivo Estatal los documentos de la Guerra Civil que "se llevaron ilegalmente" y que actualmente se encuentra vista para sentencia. Sánchez pidió que se le hiciera llegar un listado con todos los documentos y cuando el Tribunal los pidió al Ministerio, este declaró que no contaba con un registro detallado e individual de todos los papeles que desde el 2006 se habían enviado a la Generalitat.
Sánchez reclama este listado para demostrar que algunos de los documentos que se enviaron a la Generalitat no le pertenecen, "son documentos de personas de otras comunidades autónomas, de Aragón, Valencia o Asturias, por ejemplo", y pone de ejemplo entrevistas que ha mantenido con familias que su nombre aparece en documentos que ahora están en manos de la Generalitat pero que "ellas nunca han vivido o pasado por Catalunya".
Documentación sin heredero
El principal motivo de discordia entre la Generalitat y el Estado español es qué pasa con aquellos documentos confiscados en Catalunya que no tienen propietario o heredero. Balada remarca que estos casos son muy pocos y defiende que aunque la titularidad de los papeles "sigue siendo del Estado" este "podría hacer un depósito en un archivo catalán para que se quedara con los documentos ya que son documentos confiscados en Catalunya".
Por su parte, el PP de Salamanca y el Estado español reclaman que aquellos papeles que no han encontrado a su propietario legítimo o ningún heredero, vuelvan al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
Una postura que defendió José Antonio Bermúdez de Castro, diputado salmantino en el Congreso, donde dejaba claro que la ley determinaba únicamente que se entregarían tan sólo los archivos que tuvieran destinatarios o sucesores, pero que en el caso de que no se pudiera porque se trata de entidades desaparecidas o de personas a título individual sin descendencia, "no se los puede quedar la Generalitat" ya que "la normativa deja claro que tienen que volver al Archivo Nacional de donde salieron".
Una normativa que pide que los papeles ahora hagan el viaje de retorno, de Catalunya a Salamanca, el mismo viaje que hicieron el año 1939 cuando fueron requisados por el bando franquista. No obstante, aunque el Estado español es quien tiene la titularidad, hay que tener presente que son documentos catalanes confiscados a Catalunya y que, por lo tanto, aquí es donde tendrían que quedarse. De hecho, es de donde no tendrían que haber salido nunca.