El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dejado sin efecto la declaración institucional del pleno de Barcelona a favor de suspender relaciones con Israel. El juzgado contencioso-administrativo 10 de Barcelona ya había anulado esta declaración, que el consistorio aprobó en noviembre de 2023. Ahora, el TSJC ha estimado parcialmente un recurso presentado por la entidad Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), según ha avanzado la organización, avanza la ACN. Concretamente, el TSJC anula la implantación de una cláusula de exclusión en la contratación municipal y también la interrupción de relaciones institucionales con Israel.
Una vez conocida la decisión judicial, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha dicho que el gobierno recurrirá la decisión judicial, a la vez que ha asegurado que la posición del gobierno municipal no ha cambiado y es la de "condenar la violencia y el genocidio que está ejerciendo el Estado de Israel sobre la población palestina". Por su parte, ACOM ha considerado que la declaración "iba mucho más allá" de una opinión política y ha criticado que "ordenaba implantar" en todos los contratos municipales una obligación contractual de carácter esencial para "vetar" operadores por sus actividades económicas, así como interrumpir las relaciones institucionales.
Para la organización, la sentencia constituye un "éxito jurídico relevante". En primer lugar, considera que el tribunal rechaza que la medida sea solo una declaración política, sino que considera que tiene efectos prácticos y aprecia su "carácter discriminatorio". "Invocar los derechos humanos o presentar una decisión como declaración institucional no permite eludir los límites competenciales ni adoptar medidas discriminatorias", afirma ACOM en un comunicado.
El texto se aprobó con los votos del gobierno, BComú y ERC
El texto, aprobado con el voto favorable del gobierno, BComú y ERC, expresaba el rechazo y condena de los ataques contra la población civil, tanto israelí como palestina, así como el desplazamiento forzoso de población, la destrucción sistemática de viviendas y de infraestructuras civiles o el bloqueo de los suministros de todo tipo a la población de la Franja de Gaza. También reclamaba un alto el fuego permanente y definitivo, así como el cese de la violencia contra la población civil palestina de Cisjordania y la liberación incondicional y segura de los rehenes tomados por Hamás y exigía el establecimiento de corredores humanitarios para hacer llegar ayuda a la población civil palestina.
La declaración pedía, además, el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario y la activación de mecanismos, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo los relativos a la Corte Penal Internacional (CPI), para poner fin y perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos. El documento también recogía la implementación de una cláusula de obligación contractual en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador realizara operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que fueran en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Aparte, añadía que el Ayuntamiento interrumpía las relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel, hasta la declaración de un alto el fuego definitivo, la garantía del respeto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.