Un informe preliminar del Tribunal de Cuentas revela supuestos pagos indebidos de dinero público por un importe total de 133,8 millones de euros en las obras de la estación de la Sagrera, en Barcelona. El texto dibuja una compleja red de anomalías contables formada por precios inflados, pagos de obras no realizadas, certificaciones abonadas por adelantado, plazos incumplidos y adjudicaciones menores sospechosas de haberse hecho a dedo.
Según adelanta el diario El País, que ha tenido acceso al informe de 127 folios, el Tribunal de Cuentas denuncia "graves incidencias" en la ejecución de siete contratos para el desarrollo de estas obras de alta velocidad y "grandes diferencias" entre las obras certificadas y las realmente ejecutadas. Entre otros elementos, pone sobre la mesa "sobrecostes" de un 18%. Así pues, tal como sustenta el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, el Estado ha estado pagando millones de euros fruto, a veces, de improvisaciones en las obras y, otras, de vulnerar las normas que rigen la contratación pública.
"Partiendo de los datos facilitados por la entidad -Adif- y el resultado de los trabajos de la auditoría externa, ante los 580 millones certificados y abonados tan sólo se acreditaron actuaciones por el importe de 463 millones", advierte el informe.
El anterior presidente de Adif llevó ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en las obras del trazado de la línea de alta velocidad que tiene que unir Barcelona con la frontera francesa. En aquella ocasión, el año 2014, se alertaba de pagos indebidos por casi 84 millones de euros. Ahora, pues, el Tribunal de Cuentas ha aumentado esta cantidad en 50 millones, hasta los 133,8.
Concretamente, según relata El País, el órgano denuncia el agujero que han generado en las arcas las ampliaciones de proyectos de obra sobre aspectos que ya "tendrían que haber estado previstos en los contratos y que no constituyen situaciones sobrevenidas o de urgencia". El informe es paralelo a la investigación judicial que actualmente está cerniendo sobre el caso, en el que ya hay 14 imputados por los presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y soborno.
Recorrido del informe
El texto se ha elevado hoy al pleno del órgano y, previsiblemente, éste lo aceptará. Entonces, se enviará el informe al Congreso de los Diputados, que pidió expresamente la fiscalización de estas obras. Las siguientes paradas son los despachos de la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado. Estos últimos tendrán que emitir sus respectivos dictámenes.