El parque de Joan Miró de l'Eixample de Barcelona, también conocido popularmente como parque del Escorxador, tiene todos los elementos para convertirse en un nuevo punto de discrepancia entre las administraciones y los vecinos, como actualmente está pasando en otro parque urbano, el de los Jardins del Baix Guinardó por el traslado del Mercat de l'Estrella. En el caso del Joan Miró, el problema es la indignación vecinal por la afectación durante un periodo de un mínimo de tres años -podrían ser cinco- de un tercio del parque para ocuparlo como zona logística de la tuneladora que tiene que trabajar en la prolongación de la Línea 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre las estaciones de Plaça Espanya y Gràcia.
Esta ocupación ha generado un movimiento de protesta que bajo el lema 'Salvem l'arbreda del Parc Joan Miró', porque la afectación supondrá retirar más de 170 árboles, y ya ha protagonizado movilizaciones y ha reclamado a las administraciones que encuentren soluciones en un contexto en que el Ayuntamiento de Barcelona y Departament de Territori se han lanzado mutuamente las culpas del problema, ya que el consistorio ha asegurado que no permitiría una ocupación tan larga del parque mientras que el Govern ha apuntado que toda la afectación ya había sido pactada con el ayuntamiento. A este enfrentamiento a tres bandas se ha sumado el PSC, que reclama encontrar alternativas o minimizar la afectación.
El alcaldable por Barcelona a las elecciones municipales, Jaume Collboni, ha detallado este martes que el grupo socialista en el Parlament de Catalunya ya ha tramitado una propuesta de resolución que insta al Govern a "reducir sensiblemente el impacto de la ejecución", "contemplar alternativas" y "evitar la tala de árboles". En declaraciones a los medios, el candidato socialista ha apuntado que aunque la prolongación de la L8 es un proyecto necesario, porque "el futuro de la movilidad pasa por más metro y más ferrocarril", ha sido crítico en la manera como se ha informado a los vecinos: "Ha sido un error y un déficit el nivel de explicación a los vecinos del entorno", ha afirmado, para añadir que este déficit de explicaciones "se tiene que resolver de forma realista" por parte de las administraciones implicadas, es decir, Govern y Ayuntamiento.
Asimismo, Collboni ha reclamado que las administraciones trabajen a buscar "alternativas posibles" o bien "minimizar al máximo la afectación" y ha criticado que se pidan soluciones a los mismos vecinos: "Las alternativas las tienen que dar los técnicos, no es aceptable pedirlo a los vecinos porque son los responsables técnicos los que tienen que ver las necesidades y requisitos y como afectar al mínimo en el entorno". En todo caso, más allá del recorrido que pueda tener esta iniciativa del PSC que llega en precampaña electoral, sobre la mesa se mantiene un proyecto que prevé afectaciones durante aproximadamente 3 años y que comportará la supresión de bancos, papeleras, barandillas y una marquesina, además de retirar 178 árboles, de los cuales 41 se trasladarán a un vivero y después retornarán y el resto serán repuestos por nuevos ejemplares una vez acabadas las obras.