La huelga de hambre de cuarenta internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, que ha quedado desconvocada hacia las 14h, ha reavivado el conflicto con este establecimiento, que el Ayuntamiento de Barcelona quiere clausurar. Poco después de que el cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens, asegurara que se procederá al cierre del CIE, ocho diputados han intentado reunirse con el director, sin conseguirlo.

El conflicto viene de lejos, pero desde julio que hay un tira y afloja por la reapertura del CIE, un espacio que se utiliza como centro de retención de aquellas personas extranjeras detenidas por encontrarse en situación irregular, en la mayoría de casos por no tener los papeles en regla, con la intención de repatriarlos a sus países de origen.

Régimen carcelario

El fondo de la polémica radica en que más allá de la puerta de entrada del CIE poco o nada se sabe de lo que les pasa a los detenidos, que son sometidos a un régimen prácticamente carcelario a pesar de haber cometido sólo faltas administrativas y no delitos. De hecho, el régimen de internamiento en este tipo de centro –hay siete en España y 280 en toda Europa– es más precario que el de las cárceles, según denuncian diversas entidades humanitarias, que alertan de la vulneración de derechos fundamentales en aspectos como la sanidad, la tutela judicial, la intimidad y la comunicación.

Es por ello que, tras una reciente rehabilitación del centro, el equipo de gobierno municipal intentó evitar su reapertura, un hecho que llevó al enfrentamiento directo de la alcaldesa Ada Colau con la vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, la clausura decretada por el consistorio fue desoída por el ministerio, que vuelve a mantener actividad en el centro.

Así, el CIE de la Zona Franca de Barcelona se reabrió en julio después de nueve meses cerrado para acometer unas obras de mejora a instancias de la comisión judicial que se encarga de controlar las condiciones de esta instalación, el gobierno español acordó reabrir el CIE de la Zona Franca pasado jueves 7 de julio, poco después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara que vetaba su reapertura porque no disponía de licencia de actividad.

En pleno pulso con el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, el gobierno español reabrió el CIE ese mismo día, una vez terminadas las obras iniciadas en noviembre de 2015 para dignificar las condiciones de los internos, inmigrantes sin papeles que esperan su expulsión de España. Tras el anuncio, el equipo de Ada Colau advirtió que si el CIE volvía a acoger internos, como paso previo para su expulsión de España, el Ayuntamiento usaría los mecanismos legales previstos y tomaría medidas "coercitivas", como la imposición de multas o incluso el precinto del edificio, situado en un complejo de la Policía Nacional en la Zona Franca.

Huelga de hambre de un día

En este contexto, ayer sesenta y ocho internos se declararon en huelga de hambre domingo, y al menos cuarenta la han mantenido hasta este lunes, cuando a pesar de anunciar que la huelga sería indefinida, la han desconvocado poco después de mediodía.

La protesta comenzó este domingo por la mañana cuando un grupo de reclusos de origen argelino se negó a comer y se quedó en el patio sin querer volver a sus habitaciones. Los internos piden la liberación y la dirección del centro intenta negociar con ellos.

Una vez desconvocada la huelga, los 37 internos que mantenían la protesta han comido y han retornado a sus celdas después de que en las últimas horas hayan estado en una zona común, según informaron las mismas fuentes, que subrayan que la situación dentro el centro se ha "normalizado".

Ocho diputados ante el CIE

Este lunes, cinco diputados en el Parlamento de JxSí, CSQP y la CUP y tres del Congreso de ECP y ERC han pedido una reunión con el director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona la mañana de este lunes después de la huelga de hambre de 40 internos, pero no los ha recibido.

Han pedido la reunión de los diputados en el Parlamento Chakir El Homrani (JxSí), Marta Ribas, Juan Giner (Catsíqueespot), Anna Gabriel y Mireia Vehí (CUP), y los del Congreso Marcelo Expósito, Sònia Farré (ECP) y Anna Maria Surra (ERC), al ir al centro para interesarse por el estado de los internos.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del centro, Vehí lamentó la negativa de la dirección: "Queda en evidencia que el derecho se queda en la puerta en el CIE, espacio donde la impunidad y la opacidad mandan, por lo que de nuevo pedimos el cierre inmediato de estos centros de la vergüenza".

"No queremos los CIE"

El diputado de JxSí explicó: "Hay un acuerdo social y político que no queremos los CIE, no queremos instituciones que vulneran los derechos humanos, hay un acuerdo en el Parlament y en muchos ayuntamientos, es un modelo que repudiamos y queremos cerrar".

Marta Ribas (CSQP) indicó que quieren hacer valer la resolución aprobada por el Parlament "en la que los representantes del pueblo de Catalunya piden cerrar el CIE porque son una muestra de las políticas de fronteras e inmigración en Europa".

La diputada de ERC Anna Maria Surra consideró que la negativa a la reunión la ha dictado el ministro del Interior, Jorge Fernández, y ha recordado que la sociedad catalana está a favor del cierre de este centro, y ha reclamado la derogación de la Ley de Extranjería.

Desde ECP, Marcelo Expósito ha defendido el "legítimo derecho a la protesta" de los internos que están en huelga de hambre y ha exigido responsabilidades por las condiciones en las que viven estas personas, además de reclamar que se rompa con la opacidad .