El Grupo Municipal de Junts per Barcelona ha intensificado la presión sobre el gobierno de Jaume Collboni en relación con la gestión del brote de peste porcina africana en Collserola, registrando ocho nuevas preguntas para aclarar la intervención del ejército. La concejala del grupo encabezado por Jordi Martí Galbis, Titon Laïlla, ha manifestado su "profunda preocupación" por la decisión de solicitar la Unidad Militar de Emergencias (UME), alertando que "este despliegue militar para una emergencia sanitaria animal es poco habitual y plantea interrogantes sobre los criterios técnicos, la necesidad real, el coste económico y la coordinación con los equipos veterinarios". Desde la formación liderada por Carles Puigdemont se ha cuestionado si la gestión civil de las crisis está pasando a manos militares, subrayando que la presencia de la UME "puede tener implicaciones tanto operativas como institucionales".
Laïlla ha sido contundente a la hora de advertir sobre el riesgo que supone este operativo como precedente, asegurando que "no podemos normalizar la militarización de crisis que deberían ser gestionadas con recursos civiles especializados". Según la concejala, aunque la UME actúa en catástrofes naturales, una crisis sanitaria animal debería recaer en "veterinarios, agentes rurales, técnicos especializados y los cuerpos de seguridad civiles habituales". La preocupación principal del grupo municipal es que esta decisión abra la puerta a que futuras crisis medioambientales o del sector primario "acaben siendo gestionadas por el ejército en lugar de los profesionales civiles que tienen la formación, la experiencia y los protocolos adecuados".
Piden que las decisiones se tomen con criterios técnicos
Además de las cuestiones operativas, Junts ha puesto el foco en la seguridad biológica, recordando que "la peste porcina africana es altamente contagiosa, no tiene tratamiento ni vacuna, y puede tener consecuencias devastadoras para el sector". Por este motivo, han exigido saber "qué protocolo sigue la UME para la extracción, transporte y destrucción de animales muertos o infectados, y cómo se garantiza que no se producirán errores que puedan agravar la propagación del virus". Laïlla ha insistido en que "es imprescindible que las decisiones se tomen con criterios técnicos, con transparencia y con la participación del sector, no con decisiones políticas que pueden generar más incertidumbre", especialmente teniendo en cuenta que "el sector ganadero catalán está profundamente afectado por este brote".
Finalmente, el grupo municipal ha reclamado una evaluación independiente de la actuación, defendiendo que "los ciudadanos y el sector ganadero tienen derecho a saber por qué se ha tomado esta decisión, cuáles son los resultados reales de la intervención militar, qué coste económico ha tenido y si ha sido realmente necesaria o si se podría haber resuelto con los recursos civiles existentes". La concejala ha concluido su intervención con una declaración de intenciones clara: "Desde Junts per Barcelona exigimos transparencia, criterios técnicos y protocolos claros. No podemos permitir que las crisis sanitarias se conviertan en una excusa para militarizar la gestión civil del país", y ha asegurado que no pararán de hacer preguntas hasta obtener "todas las explicaciones que merecen los ciudadanos".