La Diputación de Barcelona es una administración que cuenta con más de doscientos años de historia, ya que en 2022 celebró su bicentenario. Con todo, hay periodos en que esta institución no existió, como la etapa entre 1823 y 1836 y, especialmente, de 1931 en 1936, cuando todas sus competencias fueron asimiladas por la Generalitat de Catalunya en el marco de la Segunda República Española. La caída del sistema republicano y su sustitución por la dictadura fascista supuso el restablecimiento de la Diputación, pero no necesariamente de sus trabajadores, que fueron depurados por las nuevas autoridades franquistas. Ahora, en un ejercicio de recuperación de la memoria democrática, la Diputación de Barcelona ha iniciado el proceso de reparación de los funcionarios depurados por el franquismo y, también, de los que se exiliaron o no pudieron solicitar la readmisión.
Según ha informado a la Diputación de Barcelona este viernes, en una primera fase de este proceso de reparación, se han publicado los datos extraídos del análisis y el tratamiento archivístico de los 1.924 expedientes de depuración custodiados en el Archivo General de la Diputación, un trabajo llevado a cabo desde 2021. 952 de los expedientes de depuración se resolvieron con la readmisión del funcionario sin imposición de sanción, mientras que 193 expedientes finalizaron con sanción al funcionario. Sin embargo, no consta que se hubieran resuelto 779 de los expedientes, más del 40% de los custodiados por la corporación. Hay que recordar que la depuración del personal funcionario fue uno de los mecanismos de control del régimen franquista que tenía como finalidad separar y destituir a los funcionarios públicos desafectos a las administraciones locales.
Para el diputado de Memoria Democrática, Jesús Naharro, la Diputación quiere reforzar, a lo largo de este mandato, "las actuaciones de apoyo a las actuaciones y actividades que desarrollan los entes locales en relación con la memoria democrática, y también a las entidades del movimiento memorialista sin ánimo de lucro", además de "reparar la memoria de los antiguos funcionarios represaliados", ya que la corporación "tiene una deuda con todos aquellos funcionarios que el año 1939 fueron destituidos o sancionados por el franquismo". En el caso de la Diputación de Barcelona, el 17 de febrero de 1939, la Comisión Gestora aprobó una disposición que declaraba cesados a todos los funcionarios de la Generalitat Republicana y dejaba en suspenso el personal que había formado parte de la Diputación de Barcelona con anterioridad a 1931, que fueron las personas objeto de depuración.
Así era el procedimiento depurador
Para volver a poner en funcionamiento la Diputación de Barcelona, la nueva Comisión Gestora de la corporación instruyó el proceso depurador a partir de agosto de 1939. El primer paso era la presentación por parte de cada funcionario de una solicitud de admisión, proceso que solo pudieron hacer aquellos funcionarios que se quedaron, siendo excluidos, de forma automática, los encausados penalmente, los prisioneros de los campos, los exiliados, los afectados por jubilación y los muertos durante este periodo. En esta solicitud, los funcionarios tenían que informar de su actuación política antes y después del 18 de julio de 1936 (ideología y militancia política y sindical), los servicios prestados y su actuación en el organismo, así como una declaración jurada, que consistía en un cuestionario donde se tenían que contestar entre 18 y 21 preguntas.
Asimismo, cada funcionario tenía que aportar dos avaladores, testigos y pruebas documentales, así como informes del superior jerárquico. También podían aportar méritos, como haber formado parte de partidos de derechas o de la quinta columna -fascistas ocultos en la Catalunya republicana- o haber escondido a perseguidos, entre otros. Además, para recuperar el trabajo, tenía que demostrar su adhesión al Régimen desde antes del golpe de estado del 18 de julio, ya que el marco jurídico franquista consideraba sospechoso a todo el mundo y establecía que era el interesado el que tenía que demostrar su inocencia. Con esta declaración, el juez instructor iniciaba las investigaciones, que se basaban en los informes de Falange y de la Policía y Guardia Civil; empezando por aquellos funcionarios que, a priori, eran más adictos a fin de que se pudieran incorporar lo antes posible.
Por otra parte, con respecto al resto de funcionarios, el juez instructor comunicaba al funcionario la lista de cargos que le formulaba para acabar elevando a la Comisión Gestora una propuesta de sanción, después de haber dejado ocho días al funcionario para que presentara un pliego de descargo. Las sanciones podían ir desde la admisión con inhabilitación (de 2, 5 o 10 años) en cargos de mando o confianza hasta la destitución definitiva, pasando por periodos de postergación (de varios años) y de suspensión de sueldo y trabajo. Los expedientes de depuración corresponden al 92% del total de expedientes siendo, el resto, expedientes referentes a los procesos de revisión derivados de recursos y los de reclamaciones salariales (funcionarios que fueron apartados por la Generalitat republicana). En total, un 78% corresponden a reclamaciones de hombres, y un 22%, de mujeres.
Con respecto a los expedientes de depuración, el primer dato a destacar es que el número de reclamantes supera con creces el de funcionarios de la antigua Diputación que tenían derecho, hecho que hace considerar que muchos trabajadores de la Generalitat debieron intentar acogerse a este proceso. Durante el proceso de análisis llevado a cabo por la Diputación de Barcelona se han encontrado casos de funcionarios con más de un expediente original o bien, con expedientes duplicados, ya que había personas que trabajaban en más de un departamento o sección de la corporación. Por lo tanto, el total de funcionarios expedientados (155) es menor que el número de expedientes sancionados (193).
Resultado de la depuración: personal readmitido sin sanción
Del conjunto de datos resultante se pueden encontrar expedientes de sancionados, sin sanción y sin resolver. De entre el personal readmitido sin sanción destaca el arquitecto Jeroni Martorell Terrats, director del Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos con la Mancomunidad de Catalunya (1924-23), con la Diputación de Barcelona (1923-1931), con la Generalitat de Catalunya (1931-39) y nuevamente con la Diputación de Barcelona (1939-1951). Martorell hizo compatible sus ideas conservadoras con la lealtad a la institución, y fue uno de los artífices de la salvaguardia de los monumentos y de numerosas obras de arte durante la Guerra Civil.
Los arqueólogos y conservadores Alberto del Castillo Yurrita, catedrático de la Universidad de Barcelona y fundador del Museo de Tossa de Mar; Josep Colominas Roca, vinculado al Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes y conservador del Museo de Arqueología; y Josep de Calasanç Serra Ràfols, conservador del Museo de Arqueología, fueron admitidos sin sanción mediante un proceso que duró pocas semanas. Todos ellos eran discípulos de Pere Bosch Gimpera, funcionario de la Diputación y que nunca pidió la readmisión, ya que se tuvo que exiliar. Bosch Gimpera fue creador y director del Museo de Arqueología y de los servicios de patrimonio cultural de la Generalitat, rector de la Universidad de Barcelona y conseller de la Generalitat.
Otros ejemplos fueron Tomàs Busquet Teixidor, médico e impulsor de la Clínica Mental de Torribera; el médico Santiago Dexeus Font, especializado en ginecología y obstetricia, que trabajó en la Casa Provincial de Maternidad de Barcelona en 1918 y que dirigió entre 1947 y 1967; la bibliotecaria Consol Pastor Martínez, que formó parte de la primera promoción de la Escuela de Bibliotecarias en 1918 y directora de la Biblioteca de la Escuela de Bibliotecarias (1928-1957); la pintora Emília Coranty Llurià, profesora en la Escuela Superior para la Mujer y la Escuela Lonja; Joan Rubió i Bellver, arquitecto de los Servicios Generales y Beneficencia de la Diputación a partir de 1922; la pedagoga Rosa Sensat Vilà, directora de la Escola del Bosc entre 1914 y 1930; Maria de l'Assumpció Pascual y Mañé, vinculada a la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, y quien desde 1931 ocupó la Cátedra Elemental de Gramática Catalana de la Diputación de Barcelona; y, Maria Fath Camps, directora de la Escuela de la Mujer entre los periodos 1917-1936 y 1939-1945.
Resultado de la depuración: personal sancionado
Con respecto al personal sancionado, destacan al médico Carles Carceller Blay, vinculado a la Casa de Maternidad y Expósitos como médico desde 1936 y como director a partir de 1967, sucediendo a Santiago Dexeus Font; el gramático y filólogo Emili Vallès Vidal, profesor de la Escuela de Artes y Oficios del Distrito Quinto y de gramática catalana en la Escuela Normal de Maestros; y, el pianista y compositor Armand de Fluvià Vendrell, discípulo de Enric Granados, y trabajador de la secretaría de la Escuela Industrial.
Resultado de la depuración: expedientes sin resolver
Con respecto a los expedientes de depuración sin resolver o que no consta resolución destacan los casos de Jordi Rubió Balaguer, bibliotecario, profesor, filólogo, primer director de la Biblioteca de Catalunya desde el año 1914 hasta 1939, director de la Escuela de Bibliotecarias entre 1930 y 1939 y del Servicio de Bibliotecas del Frente durante la Guerra Civil. También resalta Pius Font Quer, botánico, farmacéutico, químico, primer director del Instituto Botánico de Barcelona y profesor de botánica y farmacia en la Universidad de Barcelona y a la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Finalmente, también destaca Felipa Español Coll, bibliotecaria, traductora, abogada laboralista y que durante la Guerra Civil trabajó al Servicio de Bibliotecas del Frente y a los bibliobusos.
Esta acción de la Diputación de Barcelona responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16 'Paz, justicia e instituciones sólidas'. Los 17 ODS fueron proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y forman parte de la agenda global para 2030. La Diputación de Barcelona asume el cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS.