El Ayuntamiento de Barcelona ha querido dar a primera hora de la mañana de este martes su versión de los hechos que acabaron el lunes con el suicidio de un hombre de 59 años cuando tenía que ser desahuciado, no sólo por el trágico final, sino porque fue el mismo gobierno municipal quien instó el desahucio, a través del Institut Municipal d'Habitatge, ya que el finado vivía en una vivienda del parque público municipal. Visiblemente afectada, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha admitido que el desahucio fue instado por el mismo consistorio, pero ha justificado que no era por un caso de impago -aunque no pagaba alquiler desde 2018- sino porque "había problemas de convivencia y un uso fraudulento de la vivienda".
"En el parque público de viviendas de Barcelona no presentamos nunca demandas por impago", ha afirmado Martín, ya que la política del gobierno pasa por "primar las situaciones de dificultad", pero ha señalado que hay excepciones, como las que se dieron en el Bon Pastor: "Se nos trasladaron quejas por ruidos, peleas y muchas entradas y salidas que nos hicieron pensar en que se daba algún tipo de uso fraudulento o diferente del uso residencial". De hecho, se pudo comprobar que varias personas vivían en régimen de realquiler. Martín ha insistido en que la política del gobierno es siempre "mediar" y buscar salidas, y que el caso del Bon Pastor es "excepcional". De hecho, ha recordado que con datos del 2021, sobre un parque de alquiler municipal de 11.000 viviendas, "se han producido 15 desahucios, en los cuales sólo en 6 había alguien en la vivienda, por 985 mediaciones".
Provenientes de las Casas Baratas
En la raíz de la situación está la madre del finado, antigua residente de las Casas Baratas que al ser realojada, según ha explicado la concejal, optó por un "alquiler vitalicio" por el cual pagaba menos de cien euros mensuales, pero que "dura hasta que la persona muere y no da derecho a una subrogación". La madre murió en 2018 y desde entonces, el hijo dejó de pagar, momento en el cual los servicios sociales se ponen en contacto. Siempre según Martín, una vez los servicios sociales detectaron que no se pagaba ninguna cuota contactan con el vecino, y al principio del 2019 se le envía un requerimiento formal para conocer su situación.
Además, se constata un uso fraudulento de la vivienda, ya que en una visita de los servicios sociales, "no podemos entrar en dos habitaciones donde hay dos personas que nos dicen que viven en régimen de realquiler". Así mismo, Martín añade que "la persona residente nos informa de que no quiere tener ningún vínculo con servicios sociales ni evaluar posibles soluciones". Por todo ello, se presenta demanda de desahucio en febrero del 2020, aunque con la pandemia todo se detiene. Con la reanudación se fija fecha de desahucio para el 12 de mayo, pero ante "la situación de nervios y tensión" se detiene y se pacta una entrega de llaves para la fecha del 30 de mayo.
Entrega de llaves
Según la concejal, la entrega de llaves es una salida habitual en estos casos, ya que se da un margen de unas semanas al residente para marcharse, y normalmente cuando la comitiva judicial se presenta en el lugar, los vecinos ya se han marchado. Según el relato del ayuntamiento, el lunes llegó la comitiva, sin apoyo policial, y encontró la vivienda vacía. Mientras se hacían trabajos de cambio de puerta y cerraduras, se presentó el vecino y acabó saltando por el balcón. En todo caso, Martín ha querido dejar claro que la prioridad de los servicios sociales es la mediación, y que la entrega de llaves no comportaba una "despreocupación", ya que la intención de los servicios sociales seguían trabajando en buscar una solución para el residente.