El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), un organismo técnico independiente adscrito a la Generalitat, ha aceptado la medida cautelar planteada por Endesa para que el Ayuntamiento de Barcelona no pueda resolver este viernes el concurso de adjudicación del nuevo contrato eléctrico municipal. Este tribunal tiene ahora tres meses para comunicar su resolución definitiva. Mientras tanto, fuentes de Endesa han reafirmado su postura jurídica como "razonable" en busca de una reglamentación "lógica, ordenada y clara" sobre el bono social y la pobreza energética.
Más concretamente, el consistorio liderado por Ada Colau no habría presentado la documentación requerida por el tribunal. En base esto, el órgano ha paralizado el procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso estimando que podrían derivarse "perjuicios de difícil o imposible reparación en caso de continuar el procedimiento". Endesa y Gas Natural Fenosa recorrieron el concurso, a pesar de que sólo la primera eléctrica pidió la paralización.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al TCCSP que levante la suspensión cautelar del concurso hasta que resuelva los recursos presentados por las dos eléctricas. En este sentido, el consistorio ha explicado que presentará alegaciones y pedirá que se retiren y que "entre a valorar el contenido del pliego de condiciones del contrato".
La cláusula de la discordia
Además de no presentarse a la licitación, Endesa y Gas Natural Fenosa recorrieron el concurso para el suministro eléctrico en los edificios municipales y el alumbrado de las calles de Barcelona, valorado en 65 millones, para considerar discriminatoria la cláusula que obliga los adjudicatarios a firmar un convenio de corresponsabilidad en materia de pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia. Según fuentes consultadas, las eléctricas consideran esta cláusula discriminatoria porque no todas las comercialitzadores están en "igualdad de condiciones".
Aunque el contrato tendría que entrar en vigor el próximo 25 de marzo, han asegurado que el suministro está asegurado ahora porque hay un contrato vigente y que se tomarán las medidas jurídicas oportunas porque sea así a partir de aquella fecha.