Cargando...

La Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado instar a la reforma del Código Penal para elevar a cinco años las penas por tenencia ilícita de armas de fuego y hasta nueve para grandes cultivos y tráfico de marihuana después de los últimos tiroteos que se han vivido en la capital catalana. Así lo recoge la propuesta presentada por el gobierno municipal que se ha aprobado con el voto favorable del grupo proponente (PSC), Junts y PP y la abstención de Vox. Tanto BComú como ERC han votado en contra, hecho que el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha lamentado. Por otro lado, la comisión ha aprobado por unanimidad una propuesta de Junts que condena los últimos tiroteos, constata que la situación es “intolerable” y exige la “máxima contundencia policial, judicial y administrativa”.

Aunque Junts pedía también la convocatoria extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, Batlle lo ha descartado y se ha remitido a la siguiente, que según ha señalado está programada el 20 de julio. El texto presentado por el PSC recoge lo que ya propuso el Departament de Interior de la Generalitat y que Collboni secundó la semana pasada: endurecer la pena por tenencia de armas de los dos a los cinco años y la pena por tráfico de marihuana de la actual franja de entre uno y tres años a una de entre seis y nueve años para evitar que condenas inferiores a los dos años permitan eludir el ingreso efectivo en prisión.

Además, la comisión de este miércoles también ha aprobado una tercera proposición relacionada con los últimos episodios criminales. Es una iniciativa de Barcelona en Comú que pide, entre otros, “impulsar una reforma del Código Penal para revisar la proporcionalidad de las penas relativas a la tenencia y el tráfico ilegal de armas”. También insta a Interior a reforzar los recursos destinados a la investigación y reclama un informe sobre la evolución de las armas de fuego y armas. La propuesta de BComú también ha salido adelante con el voto favorable del grupo proponente, PSC, Junts, ERC y PP y la abstención de Vox.

Divergencias en el endurecimiento de penas

Según recoge la ACN, Batlle ha señalado que, a pesar del descenso por tercer año consecutivo de los hechos delictivos en Barcelona, no se pueden ignorar los episodios de “violencia grave” de las últimas semanas, que apuntan a “un cambio de paradigma y de la tipología delictiva, especialmente vinculada al tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas” y violencia entre delincuentes. “Impactan en la percepción de seguridad y eso no lo podemos permitir; hay que actuar con tolerancia cero ante la nueva realidad”, ha indicado. Ante esto, ha defendido que hay que armonizar las penas con otros países del entorno y se ha mostrado convencido de que, si se consigue, tendrá un efecto disuasorio “claro”.