Segunda cita en el juzgado. A dos meses de las elecciones municipales 2023, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene que declarar este lunes como investigada de los delitos de prevaricación administrativa y coacciones a responsables del fondo inmobiliario Vauras ante la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. La concejala de Vivienda, Lucia Martín, el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y una funcionaria ya declararon el viernes pasado ante la magistrada y negaron haber hecho cualquier tipo de coacciones a los abogados de esta sociedad, a quien el consistorio multó con unos 417.000 euros por no haber ofrecido vivienda social a seis familias del Bloc Llavors, de la calle Lleida, que la inmobiliaria compró, en el 2019. Meses más tarde, el Ayuntamiento fue obligado a retirar la sanción administrativa. Vauras se querelló contra Colau, los dos concejales y la funcionaria, e inicialmente la magistrada Carmen García, com el apoyo de la Fiscalía, no la admitió a trámite por la falta de concreción en las irregularidades denunciadas, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir esta investigación por dos de los cinco delitos denunciados.
La alcaldesa Colau ya fue interrogada justo ahora hace un año, en este caso por el titular de instrucción 21 de Barcelona, acusada de prevaricación por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que aseguraba que había favorecido con subvenciones a entidades sociales próximas, como la PAH, o donde había trabajado anteriormente ella y responsables de Barcelona en Comú, como el Observatorio DESC. Después de interrogatorios a testigos y de haber supervisado expedientes, el juez, con el visto bueno del fiscal, decretó el archivo de la causa al afirmar que "no ha existido conducta ilícita alguna atribuible" a la alcaldesa. No obstante, el noviembre pasado, la Audiencia de Barcelona hizo reabrir la investigación, hecho que implicará que Colau tenga dos procedimientos penales abiertos durante la campaña electoral, aunque ninguno la apunta como responsable directa de una infracción.
"Favorecer a los okupas"
La alcaldesa Colau y miembros de su equipo han calificado Vauras de "fondo buitre", mientras que la inmobiliaria, por su parte, ha asegurado que el actual gobierno municipal "favorece a los okupas". En este sentido, el viernes pasado, el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra declaró: "Defendemos el derecho a la vivienda, aunque los fondos buitre nos quieran frenar", y la concejala de Vivienda, Lucia Martín, agradecía la "cantidad de trabajo hecho" por la funcionaria responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección, que también ha sido denunciada.
En el interrogatorio, Colau tendrá que responder si mantuvo alguna relación con los abogados de Vauras y si los presionó de alguna manera. También se revisarán la media docena de expedientes de obras, donde la inmobiliaria asegura que el gobierno municipal las tenía paradas porque no se avenía a ofrecer viviendas de alquiler social, de forma voluntaria y que después lo obligó la ley catalana, pero que el Tribunal Constitucional suspendió al recibir la denuncia del Gobierno.
De las licencias de obras, en la vista del viernes pasado, se citó el caso de Via Laietana, 12, donde se comprobó que se alargó el procedimiento de adjudicación de los permisos, pero, según las defensas de los concejales, fue porque la sociedad iba modificando el proyecto inicial. Desde Vauras, hasta ahora, no se ha detallado ninguna supuesta prevaricación; solo que los trámites no eran ágiles.