El caso Adigsa vuelve hoy al Palau de Justícia. Después de la suspensión de la semana pasada porque faltaba un representante de la responsabilidad civil, y de las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad, hoy, el juez ha vuelto a convocar a las partes.
Las partes negocian con la Fiscalía una rebaja de las penas que ahora son de hasta 10 años de prisión y 20 de inhabilitación. Sólo hay uno de los acusados que no quiere llegar a ningún pacto. Es el constructor José Antonio Salguero, que admitió haber hinchado facturas para conseguir las adjudicaciones de las obras de pisos. Salguero se considera perjudicado, víctima, y por eso no quiere llegar a ningún acuerdo.
Lo que no está claro es que si no llegan todos al pacto, el juicio queda suspendido para todos o sólo para los que lleguen al acuerdo. El abogado de Salguero mantiene que si él va a juicio, el resto, también. Pero el tribunal puede decidir en sentencia sobre el acuerdo al que han llegado o bien resolver en las cuestiones previas.
Entre los acusados hay varios cargos del Govern de Jordi Pujol que se sentarán en el banquillo de los acusados por el presunto fraude cometido en el 2003 con la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por Adigsa, empresa pública de la Generalitat para la promoción de viviendas sociales.
La Fiscalía pide diez años de prisión para quien era conseller delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto falso técnico Jose María Penin, ambos militantes de CDC, que será juzgado junto con cinco acusados en la Audiencia de Barcelona.