El abogado belga del president Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha acusado a Mariano Rajoy de usar los tribunales para hacer política, en España y en Bélgica, y ha llegado a comparar el gobierno español con el turco, que también ha intentado que la justicia belga persiguiera a sus opositores exiliados. Lo ha hecho este sábado en una entrevista a L'Écho, uno de los principales periódicos destinados a la comunidad francófona de Bélgica.
Bekaert ha adelantado que el lunes, ante el tribunal belga que lo ha citado a declarar, el president Puigdemont apelará a la posible violación de derechos humanos en el estado español y también se referirá a la doble incriminación de los hechos imputados en los ordenamientos jurídicos español y belga. Aunque no ha querido dar más detalles de su estrategia de defensa, el abogado belga ha querido dejar claro que en el proceso soberanista no ha habido violencia, y que por lo tanto no puede haber ni "rebelión" ni "sedición" (delitos inexistentes, por otra parte, en la justicia belga). También ha cuestionado el hecho de que haya habido "corrupción".
En la entrevista el abogado ha afirmado que hay precedentes de denegaciones de órdenes de detención europeas porque había riesgo de utilizarlas con finalidades políticas, y ha indicado que la normativa es muy clara y que la orden de detención europea no se puede usar nunca en casos políticos.
Bekaert ha augurado un proceso largo. En principio, el procedimiento tendría que estar listo antes del 2 de enero, pero el abogado ha advertido que puede haber prórrogas. Ha aclarado que habría la posibilidad incluso de que Puigdemont pidiera asilo político en Bélgica. El abogado presume de haber conseguido que los tribunales belgas rechazaran hasta dos veces la extradición de una vasca por el riesgo de violaciones humanos, y ha asegurado que le será posible bloquear la extradición del presidente catalán.
Desde su despacho, presidido por el J'accuse...! de Zola, Bekaert no ha ahorrado críticas a la Unión Europea por su tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos del gobierno español, y ha dejado claro que defiende el derecho de los pueblos a luchar por su independencia.