Siete investigadores del CSIC han querido expresar su apoyo a la consellera de Educació, Clara Ponsatí, que actualmente se encuentra en Bélgica con el president Carles Puigdemont, ante la demanda de la Audiencia Nacional de extraditarla a España para juzgarla, a raíz del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Los investigadores rechazan su extradición y defienden su inocencia.

En una carta, los investigadores, antiguos compañeros de trabajo de la consellera en su etapa en el CSIC, se muestran preocupados por la demanda de extradición y aseguran que ven "desproporcionada" la aplicación del derecho penal en este caso.

En este sentido, recuerdan que Ponsatí está acusada de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia; unos delitos que pueden comportar penas de hasta 50 años de prisión.

También recuerdan que la asociación de Jueces para la Democracia ha puesto en duda que se hayan respetado los derechos de defensa de los acusados, en el caso de los ocho miembros del Govern que ya están en prisión de manera preventiva, así como también la visión del diputado ponente del delito de rebelión, Diego López Garrido, que asegura que no es aplicable en este caso.

Por todo eso, aseguran que los miembros del Govern catalán "no han fomentado la violencia", como exige el delito de rebelión. "Ningún miembro del Govern ha fomentado la violencia sino que todo lo contrario", añaden.

Ponsatí fue profesora de investigación del Instituto de Análisis Económico del CSIC y asumió su dirección entre el 2006 y el 2012.

La consellera está actualmente en Bélgica, en libertad condicional después de que el pasado domingo un juez del país recibiera la petición de extradición. El próximo viernes día 17 el juez la ha citado, junto con el president y los otros tres consellers que están en el país, para decidir si acepta la extradición o no.

Esta es la carta íntegra:

Hemos conocido con mucha preocupación la demanda de extradición de Bélgica de nuestra colega y amiga Clara Ponsatí, acusada de colaborar en la organización de un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Según las encuestas, un 80% de catalanes y un 57% de españoles desean que este referéndum se lleve a cabo de forma acordada. La justicia española acusa a Clara de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Estas acusaciones pueden comportar penas que suman 50 años de prisión. La juez que lleva el caso ya ha ordenado el ingreso de 8 miembros del gobierno de Cataluña a prisión provisional incondicional.

Queremos expresar, en primer lugar, nuestro rechazo a esta aplicación desproporcionada del derecho penal, que implica la vulneración de derechos fundamentales y principios básicos del estado de derecho. También, y sobretodo, nuestra solidaridad y máximo apoyo a Clara.

Muchas voces cuestionan los fundamentos jurídicos tanto de la querella como de la resolución de prisión provisional. La organización Jueces para la Democracia cuestiona que la juez Lamela haya respetado el derecho de defensa de los acusados. Diego López Garrido, el mismo diputado que propuso el actual redactado del delito de rebelión, mantiene que este delito no es aplicable en este caso: un elemento fundamental del delito es la presencia de violencia. Ningún miembro del gobierno ha fomentado la violencia sino todo lo contrario. La querella presentada por el fiscal Sr. Maza llega a extremos de literal contradicción (pag. 107) como interpretar las concentraciones pacíficas delante de los colegios electorales el día del referéndum como actos de violencia organizados por el gobierno catalán.

Firmado,

Enriqueta Aragonès, Ramon Caminal, Joan M. Esteban, Ada Ferrer, Esther Hauk, Albert Marcet, Hugo Rodríguez.

Investigadores en el Instituto de Análisis Económica, CSIC.