"No se ha adoptado ninguna actuación. No hay ninguna instrucción al respecto". Así ha respondido la Fiscalía de Tarragona a El Nacional, sobre la posibilidad que el ministerio público dé órdenes de impedir el acto de inicio de la campaña del sí para el referéndum en el Tarraco Arena.

El president, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, encabezarán el acto de apertura de la campaña del sí. Junto con ellos, los responsables de las tres entidades soberanistas y de los partidos independentistas darán el pistoletazo de salida al tramo final para el referéndum.

Desde Madrid, la Fiscalía General del Estado, tira pelotas fuera, o mejor dicho, la pasa a Tarragona y dice que "si tienen que tomar acciones, lo decidirá la autoridad competente y se notificará". De momento, el fiscal de Tarragona, Xavier Jou Mirabent, no tiene nada previsto. Pero faltan 24 horas y todo es posible, y más después de los últimos movimientos de la Fiscalía ordenando la citación de más de 700 alcaldes y ordenando a las policías locales que busquen urnas y papeletas.

Con la Fiscalía parada ante el acto de inicio de campaña de los partidos del sí, para impedir el acto haría falta una denuncia. Porque un juez tampoco puede actuar de oficio en un caso así. Si alguien lo pide, decidirá, eso sí.

Dos jueces al acecho

Ahora mismo hay dos jueces pendientes del referéndum. El número 13 de Barcelona que empezó investigando las declaraciones del exsenador Santi Vidal y que acabó acumulando todas las acciones que la Guardia Civil ha hecho para demostrar que detrás del referéndum hay cargos públicos, más allá de los políticos, con responsabilidades en la Generalitat y en las conselleries.

El otro juez es la número 5 de Tarragona que estaba de guardia la semana pasada cuando la Guardia Civil entró en la empresa de Constantí y en el semanario de Valls, buscando papeletas. Hay secreto de sumario y no se sabe hacia dónde están yendo sus investigaciones.

Dos magistrados para los aforados

Pero en el TSJC hay dos vías abiertas también contra el referéndum. Una contra el Govern de la Generalitat, y otra contra el Parlament de Catalunya.

Y dos magistradas dirigen las dos investigaciones dirigidas a sentar en el banquillo de los acusados a Carles Puigdemont y Carme Forcadell, entre otros miembros del Gobierno y de la Mesa.

Maria Eugènia Alegret es que dirige el caso contra Forcadell y los miembros de la Mesa. A las dos querellas que ya tenía sobre la mesa y a punto de cerrar para ir a juicio, ahora se le han añadido las de la semana pasada por la aprobación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad.

Mercedes Armas instruye las querellas de los miembros del Govern. Antes del verano se la designó poniente para llevar a juicio a la consellera Meritxell Borràs para firmar el concurso público para comprar las urnas, y aunque se declaró desierto, la querella se mantiene contra Borràs y su secretario. Ahora, en esta denuncia se unen las que presentó la semana pasada la Fiscalía contra Puigdemont y el resto de consellers. Se les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Exactamente de los mismos delitos que se acusaron en un principio Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau por el 9-N. En aquel caso, sin embargo, finalmente se retiró el delito de malversación que es el que puede llevar a la prisión al Govern entero y la presidenta del Parlament.