Los abogados y abogadas siempre hemos sido de naturaleza optimista. Incluso en los escenarios más adversos, entendemos que es más útil buscar salidas y centrarnos en encontrar soluciones a los problemas. Somos plenamente conscientes de que la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de un servicio público de Justicia que resuelva los conflictos; un servicio público que soluciona problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades.
La realidad, hoy, es que este servicio público hace meses que está paralizado. Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón, se habla de "la crisis de la justicia". Así, en singular. Crisis. Como si fuera consustancial al mismo servicio que la Justicia presta a la sociedad. Y es que la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo bastante, sea cual sea el color de los gobiernos.
Precisamente por eso todavía no ha existido una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado de verdad este servicio público, como sí que se ha hecho claramente con la educación o la sanidad. Así las cosas, nadie acaba de implementar las soluciones proyectadas para el servicio público de Justicia, aunque sea evidente para todos que requieren con urgencia una reorganización que lo haga más rápido y efectivo, así como más recursos materiales y personales que aseguren la calidad.
Por si no fuera suficiente, en 2019 llegó la pandemia. La Justicia no solo fue la administración más paralizada, sino una de las que más tiempo ha tardado en recuperar la normalidad. Pero cuando apenas nos estábamos rehaciendo, irrumpió la huelga de los letrados de la administración de justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses. Y ahora, a la reciente amenaza de huelga de jueces y fiscales, le sigue la actual huelga de funcionarios. Una nueva movilización que sigue manteniendo paralizada la Justicia, sin un control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos y sin ningún indicio de solución.
El miércoles 28 de junio, los Colegios de la Abogacía convocamos a nuestros compañeros y compañeras. Para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la Justicia
De nada han servido durante estos últimos años los llamamientos de auxilio ante la precariedad del "paciente". De nada han servido las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España inicia su presidencia europea con una Justicia que podría considerarse al límite de la quiebra técnica.
Cuando los expertos señalan que nuestro país acaba de recuperar buena parte de los indicadores económicos que teníamos en 2019, la Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas y sin implementar las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia ni los proyectos de ley que en estas se habían consensuado y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados.
Por eso, este miércoles 28 de junio, los Colegios de la Abogacía convocamos a nuestros compañeros y compañeras para concentrarnos delante de las principales sedes judiciales de las diferentes ciudades. Para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la Justicia. Exigimos a unos y otros la reactivación urgente e inmediata del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía. La situación es insostenible.
Y por eso mismo, también exigimos a los partidos que contribuyen a las elecciones españolas que hagan de la justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la Legislatura de la justicia.
A unos y otros va dirigido el lema de la protesta: La justicia es una cuestión de Estado. Demostremos que creemos en ella antes de que sea demasiado tarde.
Encarna Orduna
Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana