El catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, Juan A. García Amado, plasmó en un tuit un diagnóstico muy severo sobre qué estaba pasando en Venezuela después de que el Tribunal Constitucional de aquel país ordenara la disolución del Parlamento y retirara la inmunidad a los parlamentarios: "Hace tiempo dije: los golpes de estado ahora no los dan militares, sino tribunales. Consumación triste en Venezuela. Sicarios judiciales". Si hubiera dicho eso mismo del Tribunal Constitucional español, a este catedrático, nacido en Oviedo y que no me parece que sea muy partidario del secesionismo catalán, lo habrían crucificado. Quizás incluso lo habrían condenado a prisión, como a Cassandra Vera, la chica que ha sido condenada judicialmente por un chiste sobre Carrero Blanco, aquel asesino institucionalizado y protegido por las leyes de una dictadura.

A Cassandra Vera se la condena por una serie de chistes que la Audiencia Nacional considera que constituyen "un desprecio, una burla y una ofensa" para con las víctimas del terrorismo. Otros comentaristas ya han reflexionado sobre esta circunstancia, por ejemplo Francesc-Marc Álvaro, indicando el anacronismo de presentar al almirante Carrero Blanco como una víctima de ETA menospreciando el contexto. Está claro que la Audiencia Nacional es la reconversión más o menos automática del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. La Audiencia Nacional se fundó el 4 de enero de 1977 y por vía de un decreto ley le fueron traspasadas las competencias del TOP. En sus orígenes está la perversión del mismo tribunal, que ha provocado bastante polémica en su lucha antiterrorista e incluso contra alguno de sus jueces estrella, como el arbitrario Baltasar Garzón, quien finalmente fue devorado por la misma estructura judicial que él utilizó para luchar "legalmente" contra el independentismo catalán en 1992, para clausurar Egunkaria o bien para suspender durante tres años las actividades del partido Batasuna, ya que consideró que formaba parte del entramado de ETA, que es la tesis que han sostenido siempre los partidos del Régimen del 78, del que él también formó parte.

No sólo el juez Santi Vidal tomó partido en su día. La justicia española está trufada de jueces que están al servicio de una causa política. El conjunto del entramado judicial español está contaminado políticamente, empezando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros son elegidos según su adscripción política con la argucia de que son designados por el Congreso y el Senado, tal como establece el artículo 122 de la Constitución, la sagrada escritura de los decadentes partidos del Régimen del 78. Pese a lo que establece la Carta Magna, que la principal función del CGPJ es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados ante los otros poderes del Estado; la realidad ha demostrado que esto no siempre ha sido así. Y lo que vale para el CGPJ, también sirve para describir lo que ocurre con el Tribunal Constitucional español.

El sistema político español está basado en una perversión, que se ha convertido en el cáncer de la democracia española

Los ciudadanos no confían en la justicia española. Eso es algo que incluso lo reconocía un informe publicado en 2013 por la Fundación Alternativas, aquel invento de José Luis Rodríguez Zapatero para contrarrestar a la Fundación Pablo Iglesias en manos de Alfonso Guerra. Tres años después, en 2016, un informe sobre indicadores de la justicia en la UE, publicado por la Comisión Europea, mostraba que los ciudadanos españoles tenían una opinión "muy mala" o "mala" del sistema judicial español, un dato que situaba al Estado español en la cola de Europa ─en el puesto 23 de 28─, sólo por delante de Italia (61%), Eslovaquia (61%), Eslovenia (62%), Croacia (66%) y Bulgaria (70%). Qué ranking más penoso. Y es que la politización de la Justicia es la causa de su actual postración, como ocurre en muchas partes del mundo. Como en Venezuela. Como en Turquía.

Es la España de las inhabilitaciones de políticos elegidos democráticamente, lo que no es nuevo, porque el presidente y la mesa del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca ya fueron inhabilitados en 2008 sin que se escandalizara casi nadie fuera del País Vasco. El sistema político español está basado en una perversión, que se ha convertido en el cáncer de la democracia española. Los políticos utilizan la justicia según su más estricta conveniencia, colocando en lo alto de los órganos judiciales a gente de su cuerda, mientras el sistema de partidos se sostiene a base de una financiación que lleva incorporado las vías para caer en la corrupción. No es una impresión, es lo que se explicaba en otro informe, en este caso de la OCDE a partir de los datos del Eurobarómetro del 2016.

La democracia muere a la sombra de tribunales, como la felicidad muere a la sombra del ciprés plantado en la puerta de los cementerios

Entre los 23 estados europeos pertenecientes a la OCDE, España estaba situada en la cola en cuanto a credibilidad de la acción de Gobierno. Y lo que no es menos relevante, ese grado de confianza no llegaba al 10%, muy por debajo del 35% de media de los otros Estados. Los gobiernos de PP y PSOE han judicializado la política de tal forma que todo el mundo desconfía de ella. De la política y de la justicia. CiU contribuyó durante años a hacerlo posible, hasta que el president Artur Mas dio un giro, convencido de que la autonomía no servía ni tan siquiera para encarar con eficacia las políticas de ajuste que planteó en 2010, para abrazar sin complejos el soberanismo. Había que superar la fase del autonomismo para construir estructuras de Estado. El TC español se cargó el Estatuto de Autonomía de 2006, que incluía una justicia catalana de verdad, y no quedaba otra remedio que dar un paso hacia adelante para evitar caer en la nada.

La democracia muere a la sombra de tribunales, como la felicidad muere a la sombra del ciprés plantado en la puerta de los cementerios. Hoy en día disponemos de un montón de ejemplos de regímenes que utilizan los tribunales como si fueran sicarios contra los opositores. Venezuela es uno de ellos. Pero también lo son Paraguay, Turquía o Bolivia. Y ni que decir España. Lo que los partidos del Régimen del 78 no consiguen obtener mediante las urnas, ahora lo quieren imponer por la vía judicial. En España la justicia es cualquier cosa menos justa. Está carcomida. Estamos a las puertas del Estado autoritario que Mariano Rajoy es capaz de denunciar hablando de Venezuela pero que no consigue ver en su propio comportamiento. Quien mejor lo ha reflejado es el dibujante Kap en una viñeta insertada en un diario unionista y que presenta a un Rajoy que observa una pizarra donde arriba de todo se dice: "Un tribunal recorta competencias del Parlamento". Y abajo se concluye: "En Venezuela, intolerable. En Catalunya, la ley es la ley". Las arbitrariedades de Maduro son un escándalo, pero las de Rajoy y sus adláteres, conservadores o socialistas, la trama del Régimen del 78, también. La defensa de la unidad de la patria no puede servir para justificar lo que sea.