Carles Puigdemont no ha aceptado la destitución como president de Catalunya llevada a cabo por el Gobierno español después de que el Senado confiriera a Mariano Rajoy potestades excepcionales para suspender la autonomía catalana. El anuncio televisivo de Puigdemont, en la única comparecencia pública que ha realizado este sábado, no es menor ya que supone varias cosas: la asunción del paso dado por el Parlament el pasado viernes al proclamar la República de Catalunya y, en sentido contrario, la ausencia de cualquier legalidad que no pase por respetar la potestad del Parlament para nombrar y cesar a los presidentes de Catalunya. La incógnita es, en estos momentos, en qué se traducirán la presidencia de Puigdemont, la vicepresidencia de Oriol Junqueras y el cargo de conseller en un total de 13 departamentos. Alguno, como el titular de TerritoriSostenibilitat, Josep Rull, incluso ha colgado un vídeo diciendo que piensa acudir el lunes a su despacho "como ministro de la nueva República catalana". Por ahora, es el único que lo ha expresado con tanta rotundidad. Otros dicen que se lo están pensando.

El Govern conserva el relato. Con dificultades, con enormes dificultades, pero lo conserva. Solo hace falta ver la prensa internacional de este sábado. Pero lo tiene que hacer efectivo si no quiere perderlo. En la comunicación moderna, el espacio que tú no ocupas, te lo acaba ocupando otro. Lo que se destaca es la proclamación de la República, no el 155 de Mariano Rajoy.  En la medida en que Puigdemont, Junqueras, Junts pel Sí, los partidos independentistas, Podem y las asociaciones soberanistas mantengan una hoja de ruta compartida, el relato tendrá vida propia. Y el independentismo conservará, en buena medida, la iniciativa en unas semanas sobre las que existe consenso entre todos los analistas en que van a ser muy complicadas. Y, aparte, conserva lo más preciado que existe en estos momentos, una mayoría de la sociedad catalana muy movilizada en defensa de sus instituciones. Se ha visto muy recientemente con la detención de los Jordis, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Eso sin contar con la capilaridad en más de 700 municipios que han dado apoyo a la independencia de Catalunya y se han comprometido a hacerla efectiva.

No es extraño que ante todo ello Rajoy haya querido acortar al máximo su presencia como virrey al 21 de diciembre, en que ha convocado elecciones autonómicas. Difícil dilema entre el independentismo sobre si acudir o no a estos comicios. Mi impresión es que el paso de los días decantará este espacio político hacia el sí para evitar que pase como en el País Vasco, donde un movimiento similar proporcionó la llegada del socialista Patxi López, de la mano del PP, a la presidencia. Pero para esta decisión aún faltan algunos días y han de pasar antes muchas cosas. 

En esta batalla por los símbolos y por conservar la liturgia que está en manos de cualquier poder que se precie, el Govern está asistiendo a la inmovilización de su capacidad para actuar por parte del Gobierno español. A la pérdida de estos últimos tiempos de autonomía política y financiera, el Ministerio del Interior ha asumido con celeridad los Mossos d'Esquadra, ha nombrado un nuevo responsable y ha procedido a ejecutar los ceses en el Govern publicados en el BOE. La primera medida es que los consellers han perdido su escolta y lo mismo sucederá con el coche oficial. Puigdemont conservará un operativo mínimo y Junqueras, otro aún más pequeño. Es obvio que el Gobierno español quiere hacer pasar cuanto antes a las hemerotecas la imagen de un Govern en activo, llegando a los sitios con coches oficiales. Por ello también se ha quejado a TV3 por nombrar a Puigdemont con el rango de president, atendiendo a lo que dispone el BOE de este sábado: "una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como con los valores de la Constitución y el Estatut".

PD. La historia tendrá que reconocer el papel del mayor Trapero en la etapa reciente de consolidación del Cos de Mossos d'Esquadra como la policía de Catalunya. Es cesado por el Ministerio del Interior después de dos inmensos éxitos: dar una respuesta policial enorme a los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils, desarticulando la totalidad del comando en tan solo cuatro días. Ocho terroristas fueron abatidos por los Mossos y los otros cuatro, detenidos. La comunicación a la opinión pública fue la propia de una policía moderna y la sociedad catalana tuvo un legítimo orgullo de su policía. El segundo éxito policial fue el del 1 de octubre con motivo del referéndum. Los Mossos cumplieron, hasta donde sabemos, el mandato judicial con proporcionalidad y el resultado es que retiraron más urnas que la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, sin que hubiera ciudadanos heridos. Hoy, Trapero está investigado por un delito de sedición en la Audiencia Nacional y se le han impuesto medidas cautelares.