La futura ley estatal de Contratos del Sector Público, aprobada en comisión en el Congreso de Diputados y pendiente de ser ratificada en el pleno no considerará, a iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya, como a subvenciones vinculadas a precio las aportaciones dinerarias de las administraciones para financiar actividades de interés general y culturales, al margen de que los usuarios paguen o no. Esto tiene incidencia directa en el IVA a declarar por parte de la entidad receptora de la ayuda, que a efectos prácticos, y en estos supuestos, quedaría exento.

La diputada portavoz de Esquerra en la ponencia, Teresa Jordà, ha considerado "muy importante este acuerdo" en la medida en que fija un mismo criterio tanto para la financiación de la gestión de los servicios públicos "como en la promoción de la cultura y las actividades de interés general, siempre que no exista una distorsión significativa de la competencia". El acuerdo es fruto de intensas negociaciones y se ha cerrado 'in extremis' horas antes de que se cerrara la ponencia, con la votación de esta tarde.

La neutralidad del IVA

La medida aprobada garantiza la viabilidad económica y financiera de la gestión de los servicios públicos y de las actividades culturales y de interés general "que de otra manera podría verse truncada", señala Jordà. Además, también consigue que las administraciones públicas "no tengan que incurrir en unos costes adicionales y, por lo tanto, un mayor gasto y más déficit". Y, por último, "se garantiza la neutralidad del IVA, ya que estas aportaciones no suponen una distorsión de la competencia".

Como ejemplo para entender la modificación que impone la ley, podría darse el caso que si una actividad de interés general como un acto cultural recibía una subvención y la entidad decidía cobrar una entrada de 0,50 euros, debía ingresar como repercutido el IVA aplicado al total de la subvención. "En cambio, si el precio de la entrada era cero, no tenía que ingresar ese IVA", señala Jordà. Un criterio "paradójico y absurdo", concluye.

Lo que pretende la propuesta "es defender la neutralidad del IVA, y eso es así cuando el precio que se cobra como contraprestación es el precio de mercado". No se hace otra cosa, en realidad, que extender al ámbito cultural el mismo criterio que se aplica en la prestación de otros servicios públicos, "en los que las aportaciones no se consideran subvenciones vinculadas a precio cuando no exista una distorsión significativa de la competencia", dice Jordà.