“Un ataque muy grave a la libertad de prensa”. Así califica la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) la decisión del juez de Madrid Arturo Zamarriego de prohibir al diario El Mundo la difusión de las informaciones del caso Football Leaks, una investigación de doce medios encabezados por el semanario alemán Der Spiegel, que revela los manejos de conocidos futbolistas y entrenadores para, presuntamente, evadir sus obligaciones fiscales. Entre ellos figuran Cristiano Ronaldo o Mesut Özil.

El juez amenaza al director del diario, Pedro G. Cuartango, con penas de hasta cinco años de cárcel.

El auto judicial justifica la prohibición en que “amparar en este momento la posibilidad de que se puedan divulgar en los medios unos datos de carácter personal, de índole fiscal, que se investiga si han podido ser interceptados o apropiados ilícitamente supondría amparar un presunto hecho delictivo”.

Libertad de información

La PDLI sostiene que “los criterios de oportunidad e interés periodístico [que] determinan la publicación […] priman sobre cualquier otro”. Respaldan esta doctrina otras decisiones judiciales que ponderan el conflicto de derechos entre la libertad de información y el derecho al honor o a la privacidad.

La medida cautelar ha sido solicitada por el despacho Senn Ferrero Asociados, que habría asesorado a Cristiano Ronaldo y otras figuras del fútbol en asuntos fiscales. La abogada del periódico ha recurrido la resolución.

La información de El Mundo procede del examen de más de 18 millones de documentos, “muchos de ellos obtenidos por duplicado o triplicado de decenas de fuentes”, no sólo del citado despacho, ha explicado el mismo diario este sábado.

Para la presidenta de la PDLI, la periodista Virginia Pérez Alonso, la decisión del juez Zamarriego es “un retroceso democrático inaceptable en un país de la UE. De hecho, de todos los países en los que se ha publicado #footballleaks, España es el único en el que se ha producido un requerimiento judicial así”.

La abogada Isabel Elbal ha explicado que “si la información es veraz o se han hecho todos los esfuerzos para contrastar la noticia, en principio no hay límites a la información. Cuando la información versa sobre un personaje público, el derecho a la intimidad cede ante el interés informativo”.

Juez 'gatillo fácil'

El juez basa la prohibición en el artículo 197.3 del Código Penal. Para el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, ese precepto no es de aplicación en este caso puesto que “el medio de comunicación no tiene por qué haber conocido el origen ilícito de la información. Al tratarse de hechos veraces y relevantes, está facultado a publicarlos sin revelar sus fuentes”.

Por tanto, “si no hay pruebas fehacientes de que el periódico conoce la procedencia irregular de los documentos, la criminalización del medio y la prohibición de publicar es directamente censura”, remacha Almeida.

Arturo Zamarriego, el juez que ha ordenado la cautelar, tiene “gatillo fácil” con los periodistas y tiende a desconfiar de y restringir su actividad profesional. Zamarriego es el controvertido instructor del caso del Pequeño Nicolás, en el transcurso del cual ha ordenado declarar a tres periodistas, que apenas publicaron información relacionada con el asunto, y confiscar la información de las cuentas de correo electrónico de los periodistas de la productora de TV que desveló los manejos del Pequeño Nicolás.