España cuenta con más de 23.000 start-ups en las que trabajan más de 150.000 personas, situándose como el cuarto país en Europa con más empresas de estas características. El ecosistema está en auge, los negocios emergentes del país alcanzaron los tres años de vida de media en 2022, con una valoración positiva respecto a años anteriores (2,7 años de vida en 2021, dos años y medio en 2020 y 2,2 años en 2019) y en noviembre de 2022 el Gobierno de España dio luz verde a la aprobación de la ley de start-ups

Con la nueva normativa, las deducciones de IRPF para las start-ups se han incrementado de 60.000 a 100.000 euros, la cantidad máxima anual, y el porcentaje de deducción se eleva del 30% al 50%. Esto beneficia tanto a los socios fundadores de los negocios como a los inversores privados y a la apuesta por el capital extranjero. Sin embargo, para beneficiarse de esta deducción es obligatorio que los fondos propios de la compañía no superen los 400.000 euros en el inicio del periodo impositivo cuando se adquieren las acciones o participaciones.

Asimismo, se reduce el tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes durante un máximo de cuatro años, desde el primer periodo en el que la base imponible resulta positiva hasta los tres siguientes, se pasa del 25% actual al 15%. En este sentido, con la normativa se aplaza el pago de las deudas tributarias en la fase inicial, por lo que las start-ups pueden aplazar el pago de la deuda tributaria correspondiente a los dos primeros periodos impositivos en los que la base imponible del impuesto sea positiva.

¿Qué busca la nueva ley de start-ups?

Con la puesta en marcha de la ley, aprobada en el Congreso con 177 votos a favor, 88 votos en contra y 75 abstenciones, se busca dar una mayor cobertura legal y respaldo económico a las empresas emergentes de base tecnológica y ayudar a construir un ecosistema empresarial capaz de convertirse en el motor de la modernización de la economía.

¿Era este el paso que debía dar España para estar a la vanguardia en cuanto a la creación de start-ups? "La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (LFEEE), supone una firme apuesta del legislador español por las entidades de nueva creación que comercializan productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, con un modelo de negocio escalable, lo que les permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo", según comenta a ON ECONOMIA Javier Martín Fernández, Socio Director de Ideo Legal y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

En este sentido, el experto apunta que "la LFEEE aboga por un cambio en las bases productivas del país y permite afrontar el reto de la productividad, como garantía de una mayor resistencia ante situaciones adversas, con el objetivo de robustecer el crecimiento de la economía y fortalecer el bienestar de los ciudadanos. Identifica tres palancas sobre las que mejorar esas bases: la mejora de la educación, que tiene capacidad de afectar hasta el largo plazo; los efectos de la I+D+i en la economía en el medio plazo y el emprendimiento innovador". 

Dificultades para atraer y retener talento especializado

Sobre si se contempla algún beneficio en las cotizaciones de la Seguridad Social, Martín Fernández recuerda que a los trabajadores, incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por poseer el control efectivo, directo o indirecto, de una start-up y que, de forma simultánea, trabajen por cuenta ajena para otro empleador, les resultará de aplicación una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a la base mínima establecida con carácter general, en cada momento y en el citado régimen, durante los tres primeros años. 

Además, en materia de contratación pública y acceso a subvenciones, la LFEEE facilita las convocatorias para el diseño de soluciones innovadoras que resuelvan problemas o necesidades de la Administración en el desempeño de sus funciones (compra pública innovadora), con una atención especial a las start-ups en entornos rurales o fuera de los polos urbanos de innovación ya consolidados. 

Finalmente, la normativa introduce una especialidad de las start-ups frente al resto de sociedades mercantiles porque, al tener dificultades para atraer y retener a colaboradores con perfiles especializados y escasos, "la LFEEE flexibiliza la generación de autocartera en las sociedades de responsabilidad limitada", acaba Martín Fernández.