El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la aportación de 400 millones de euros por parte de España a un proyecto europeo que tiene el objetivo de apoyar a negocios en fase de crecimiento de alta tecnología y reforzar así la autonomía estratégica de la Unión Europea. Esta aportación, que se suma a un fondo europeo que ha conseguido 3.750 millones de euros, ha sido aprobada este martes y tiene el objetivo de contrarrestar el déficit de financiación que existe en “empresas emergentes” con un “futuro prometedor”.
"Es una ayuda que viene a incentivar el déficit de financiación que existen en las empresas emergentes innovadoras y que tienen un futuro prometedor en Europa", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De momento participan en este proyecto el Banco Europeo de Inversiones, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y ahora también España. Según Rodríguez, este fondo ha conseguido hasta ahora 3.750 millones de euros. "Ahora se incorpora nuestro país con ese afán de seguir liderando con el conjunto de la Unión Europea una autonomía estratégica en el ámbito industrial y distintos sectores que nos permitan afrontar todos los desafíos que tenemos frente a nosotros", ha concluido la portavoz.
Ley de start-ups
A finales de 2022, el Congreso aprobó el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de start-ups) con beneficios fiscales y menor burocracia. El Congreso dio luz verde a la ley con 177 votos a favor, 88 votos en contra y 75 abstenciones, gracias a los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. El Partido Popular, pese a anunciar durante la sesión su apoyo al proyecto de ley, finalmente votó en contra. Tras la aprobación de la norma, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró que “se trata de una ley pionera” que va a permitir “poner a España a la vanguardia en el impulso de este ecosistema” y que muestra “para qué sirve el debate real”.
La nueva legislación nace con el objetivo de dar una mayor cobertura legal y respaldo económico a las empresas emergentes de base tecnológica y para ayudar a construir un ecosistema empresarial capaz de convertirse en el motor de la modernización de la economía. ¿Qué se busca? Simplificar los trámites administrativos para favorecer el emprendimiento innovador, incentivar la contratación de personal de alta cualificación, fomentar la inversión nacional y extranjera en las start-ups a través de nuevos beneficios fiscales, adaptar el marco administrativo, fiscal, civil y mercantil aplicable a las especificidades de las empresas emergentes para apoyarlas en sus primeros años de vida y diferenciarlas de las compañías con modelos de negocio convencionales y fijar las condiciones que deberán cumplir las empresas emergentes para ser consideradas start-ups y poder acogerse a los beneficios que recoge la norma.
En este sentido, el proyecto, que el Gobierno aprobó en 2021, introduce la simplificación administrativa y una serie de incentivos fiscales para las empresas emergentes, como una rebaja del impuesto de sociedades hasta el 15% durante los cuatro primeros años; la posibilidad de aplazar la deuda tributaria o la eliminación de la obligación de pagos fraccionados. Asimismo, establece deducciones fiscales del 50% para las inversiones anuales de hasta 100.000 euros; una exención fiscal para las opciones de compra de acciones (stock options) de hasta 50.000 euros; y se favorece la creación de sandboxes, entre otras medidas.
Requisitos para ser una firma emergente
A las empresas emergentes se las define como compañías de nueva creación, de no más de cinco años de antigüedad, siete en caso de algunos sectores estratégicos; con sede social en España, que no hayan facturado más de 10 millones de euros y que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable, entre otros requisitos. Además, la norma también incluye una disposición adicional para crear la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y ampliar la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Tras su aprobación a principios de noviembre, la diputada del PSOE Begoña Nasarre destacó el “buen clima de Trabajo” que permitió “incorporar muchas enmiendas conscientes de la importancia de una ley pionera”, mientras que la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz celebró la “participación de la Sociedad civil y los grupos parlamentarios” en su desarrollo. Por parte del PP intervino el diputado Víctor Píriz, quien calificó la ley como "necesaria" para que el sector innovador de España pueda crecer y desplegarse "mucho más rápido". Por parte de Ciudadanos, la diputada María Muñoz defendió la ley como "necesaria", si bien criticó que llega "un poco tarde".