El próximo 29 de noviembre, España celebra elecciones generales porque Pedro Sánchez consideró prioritario y urgente que se aprobara un decreto de vivienda con prórroga automática de los alquileres, límites de rentas y prohibición de comprar pisos a los fondos de inversión. Tenía también la presión provocada por el desahucio de Maricarmen, que falleció en el hospital la semana pasada, y la acampada en la Puerta del Sol.

¿Pero son estas las medidas que quiere la gente? Sánchez cree que sí, o lo desea; por eso ha planteado unas elecciones plebiscitarias: "O yo o el caos. O yo o la extrema derecha. O yo o los buitres". Pero el CIS, publicado el jueves, no lo muestra así. También es cierto que el estudio está hecho antes del caso Maricarmen, en junio, y pueden haber cambiado prioridades o sensibilidades. Quizás Sánchez no conocía los resultados del CIS cuando decidió convocar elecciones, o quizás sí, pero como hace años que las encuestas no le dan opciones de reeditar gobierno, simplemente ha buscado un golpe de efecto, una tabla de salvación.

Veamos qué dice el Barómetro de Vivienda del CIS. El titular con el que nos bombardearon el jueves fue que el 76% de la gente defiende intervenir en el mercado de la vivienda, pero es engañoso, porque puede generar la idea de que el intervencionismo del Gobierno español es positivo, pero cuando se mira el detalle de qué quiere la gente, la fotografía ya no es tan favorable a Sánchez.

Según el estudio, el 70% está a favor de congelar alquileres durante dos años, aunque no dice nada de limitar los precios de la nueva oferta. Ahora bien, la intervención más reclamada por los españoles (por el 86%) en cuanto al alquiler es proteger a los propietarios y darles garantías ante posibles impagos, una de las principales quejas de las personas que tienen pisos alquilados y del sector inmobiliario. También reclaman (72%) subir impuestos a grandes tenedores, limitar los pisos turísticos (76%) y crear una empresa pública estatal de vivienda (76%), pero rechazan expropiar viviendas vacías y suelo.

La conclusión es clara: la gente quiere que el Gobierno intervenga, pero, sobre todo, que construya y que dé seguridad a los propietarios

En cuanto a la compra, el 95% defiende bajar impuestos a la compra de la primera vivienda. En esto sí que tomó nota Sánchez porque la principal novedad del decreto fueron 10.000 millones para bonificaciones. No son rebajas de impuestos, pero sí que entendió que muchas familias y jóvenes buscan comprar y no pueden pagar la entrada.

Otra respuesta es una de las grandes enmiendas, ya no al decreto ni a los anuncios de los últimos meses, sino a la actuación de los gobiernos de Sánchez durante ocho años: un 91% cree que las administraciones deben construir vivienda pública. Esta ha sido una de las grandes carencias de España en las últimas décadas y, en los últimos 15 años, tampoco la construcción de vivienda libre ha sido suficiente para cubrir las necesidades generadas por nuevas familias y jóvenes que se quieren emancipar. Un 83% quiere que se recupere vivienda pública vendida a empresas y un 84% reclama sacar al mercado el suelo urbanizable para que se construya.

La conclusión es clara: la gente quiere que el gobierno intervenga, pero, sobre todo, que construya, especialmente vivienda pública, y también que dé seguridad a los propietarios que ponen su piso en el mercado de alquiler. Y sí, también quieren que no les suban el alquiler. Pero aquí hay otro capítulo del CIS que hay que mirar. Si la muestra está bien hecha, la mayoría de gente vive en un piso de su propiedad. Concretamente, el 55%. Pero otro 20% vive en una vivienda cedida o sin pagar.

Los que viven de alquiler son un 24% de la población. Estos son a los que apunta el Gobierno, y toda la izquierda estatal, de cara al 29N. Los decretos los protegen temporalmente. Al 55% no les afecta directamente, mientras que aquellos a quienes perjudican no salen en los titulares. Son los que son propietarios de un piso y lo tienen alquilado, pero, sobre todo, aquellos que viven con los padres o familiares, o comparten piso, y quieren ir a vivir solos, sea comprando o alquilando. Hablamos de más de un 15% de los encuestados, que lo tendrán más difícil porque la intervención de los alquileres reduce la oferta. Las razones son claras. El 85% no se emancipa porque los alquileres y los precios de compra son demasiado altos. Un 77% asegura que, además, no tiene dinero para la entrada de un piso.

El problema de la vivienda es complejo y las opiniones son diversas. Hay grandes anuncios, recetas contraproducentes y mucha demagogia. Pero a pesar de ello, la gente tiene claro que hay un problema de precios y también de oferta. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Si no se empieza a construir, legislando para agilizarlo —no vale la excusa de que es lento por parte de aquel que puede acelerarlo—, se les acabará el argumento de los "fondos buitre" y los rentistas. Y si continúan perjudicando a la mayoría para favorecer a una minoría con medidas cortoplacistas, hipotecarán el futuro de toda una generación.