Con buena y a veces mala voluntad, proliferan las iniciativas de determinados colectivos para ligar el destino de algunas parcelas del gasto público, de manera que queden garantizadas fuera de la discrecionalidad política. La más reciente que constato es la iniciativa legislativa popular, que está en trámite parlamentario en nuestra casa, de fijar, por norma y en un plazo determinado, el gasto educativo, anclándolo en el 6% del PIB.

He visto otros intentos en el área de la dependencia, de la cultura y de la salud, que se ven como hermanas pobres del presupuesto. Igualmente, se ha tratado de vincular a aquellos destinos la recaudación de unos impuestos o tasas determinados: el de sucesiones para servicios sociales de gente mayor, los céntimos de los carburantes para "la calidad de la asistencia sanitaria", la recaudación de sociedades de las concesionarias de autopistas para la liberación de los peajes, el euro de las recetas, etc. 

La afectación de ingresos intenta vincular fuente y destino de los recursos; la de gasto, poner el piloto automático sobre la generación de renta. Pero nada de todo esto existe en nuestra Ley general presupuestaria, bajo el principio de la unidad de caja: todo financia todo y en la medida en que los recursos se disponen. Y bien que así sea, vista la disrupción que de otro modo podría crear sobre el gasto corriente del funcionamiento de un servicio la bajada de recaudación, por ejemplo, dado el ciclo económico.

Bajo el principio de la unidad de caja, todo financia todo y en la medida en que los recursos se dispongan

Vincular el gasto en educación a un porcentaje del PIB es, de nuevo, una mala idea. Primero por inespecífica (¿todo el gasto sin ninguna priorización?), supone que más siempre es mejor (¿por qué un 6 y no un 5 o un 7?) y la ratio de referencia es bastante deficiente (sensible a la evolución del denominador: con el hundimiento del PIB en las crisis, ¡se estarían satisfaciendo las exigencias del estado del bienestar!). En educación queda claro que se agrupan demasiados ítems bajo un mismo agregado, con lógicas de priorización, racionalidad de financiación, y composición público/privado bastante diferentes: así, la parte de cobertura universal de la que no lo es; la obligatoria respecto de la postobligatoria; la universitaria, reglada o no, con límite de edad. Etc.

No hace falta ser muy listo para entender que la medida es demasiado burda para que pueda salir adelante sin un debate previo de priorización y discusión sobre su financiación. Más aún. No se puede proponer una medida de gasto relacionada con el PIB si la financiación de este gasto (la transferencia de recursos del Estado por esta competencia) no tiene que ver con el PIB: En nuestro país, en el mejor de los casos, con el peso de la población. De modo que es de aritmética de primer ciclo que una comunidad autónoma así financiada, que tenga una renta per cápita superior a la media, siempre mostrará una ratio gasto/PIB inferior a la media del estado, y no digamos ya respecto de países de nuestro entorno más desarrollados. Si la educación no se financia sobre la base de la renta y riqueza del país, difícilmente se le puede pedir que esté este gasto a la altura de su nivel propio de desarrollo. ¡Especialmente para los fiscalmente no soberanistas! Además, este tipo de iniciativas se formulan sin memoria económica, olvidando que los buenos propósitos de un gasto más justo no se validan si no se explica cómo se piensan financiar.

Vincular el gasto en educación a un porcentaje del PIB es, de nuevo, una mala idea. Primero por inespecífica

Para quienes nos toca a menudo comparecer en este tipo de trámite, más allá de explicar alternativas para pensar mejor, nos toca ser crueles, a la vista de las caras de las señorías y de otros comparecientes. Se nos cita de repente en día y hora. Ciertamente, uno puede decir que no puede asistir y remitir documentos propios que vete a saber con qué provecho. Hay siempre un sesgo de respuesta de los más ocupados y a favor de los "expertos de bandera" (que representan grupos de interés del sector) que los diferentes grupos parlamentarios proponen; también comparecen algunos ya jubilados para rememorar batallitas u otros que aún tienen reparo en no dedicar parte de su tiempo a la institución que nos representa. Se trata de comparecencias colectivas (todos tienen que escuchar a todos, así como las interpelaciones que generan), a menudo hechas con retraso, con abuso del tiempo (quien no sabe gestionar el tiempo propio no debería gestionar la cosa pública), infringiendo costes de oportunidad a los demás para lucimiento propio, para acabar con un agradecimiento genérico que no cubre ni el desplazamiento para la asistencia. Todo esto se tiene que hacer mejor, por el bien de todos y por respeto al Parlamento: el preámbulo de la propuesta tiene que razonar por qué se opta por aquella medida, qué otras alternativas se han contemplado -y descartado-, cómo se piensa evaluar y hacer seguimiento de su cumplimiento. Y sobre todo, acompañar las propuestas, como decía, de un mínimo análisis que nos permita pensar que no se trata de una ocurrencia.