Escribo estas palabras desde la más absoluta indignación y frustración. Y es que no hay nada más escandaloso y delirante que, que esta misma administración que nos asedia a diestro y siniestro con tasas abusivas e impuestos asfixiantes, sea ahora la misma que nos impone el precio del alquiler de nuestras propias viviendas, residencias que en la mayoría de los casos hemos pagado o estamos pagando con gran esfuerzo y muchas renuncias. Y es que de nada sirven las razones por las cuales alquilamos, ni siquiera nuestra realidad patrimonial. No olvidemos que esta ley afecta de igual manera tanto a los llamados grandes tenedores, aquellas personas o empresas que tienen en propiedad cinco o más viviendas, como al pequeño propietario que por primera vez pone su propiedad en arrendamiento. Ser considerado gran o pequeño tenedor afecta básicamente en los diferentes porcentajes de incrementos. Con respecto al resto de los escenarios, sin embargo, ambos tipos de propietarios se amparan bajo las mismas normas de actuación.

El índice para tropezarse con los alquileres entró en vigor el pasado 13 de marzo y fijó precios hasta un 48% inferiores a los de mercado en las llamadas áreas tensionadas. Pero lo más grave de todo ya no es que se fije la base de estos alquileres, que personalmente considero un atentado contra la propiedad privada, sino que incluso se regula un posible porcentaje de mejora en el supuesto de reforma, que delimita en un 10% sea cual sea la inversión realizada. Alucinante. ¿Cómo nos compensarán a los propietarios? ¿Nos eximirán de algunos impuestos? ¿Nos reducirán el IBI? ¿O seguiremos cargando con la ineficiencia de las administraciones?

Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, porque así somos los catalanes, Catalunya se erigió como líder de las políticas sociales e impuso ya desde este pasado 16 de marzo el índice de precios de referencia para limitar los alquileres en 140 municipios, entre los cuales se incluyen Barcelona, buena parte del área metropolitana y de la franja costera, así como las otras tres capitales de provincia Girona, Lleida y Tarragona, las de comarca y las localidades más pobladas como Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre muchas otras. En total, un conjunto territorial donde residen 6,2 millones de personas correspondiendo al 80,6% de la población de Catalunya.

Delimitar zonas tensionadas solo tensiona más la zona. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios hoy ya se plantean alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial

Aunque esta norma supondrá una oportunidad para todos los inquilinos, en tanto que se aplica por igual en independencia de la capacidad económica de los mismos, un elemento que refuerza todavía más su injusticia e incongruencia, esta también tendrá previsibles efectos adversos. Si bien la voluntad manifiesta es la de conseguir que los precios disminuyan, el alto grado intervencionista de esta regulación desembocará en una contracción de la oferta que provocará una tensión todavía más alta en el mercado. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios hoy ya se plantean alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial. Si tomamos como referencia de otros países que han adoptado medidas similares, no encontraremos ningún caso en que el control de precios haya resultado beneficioso para los ciudadanos, y las consecuencias han sido siempre las mismas: retracción del parque de viviendas, enormes dificultades para el acceso, criterios muy selectivos por parte de los propietarios y el creciente e irrefrenable impulso del mercado negro.

Delimitar zonas tensionadas solo tensiona más la zona. La regulación del precio del alquiler, en España y en otros países, ha sido uno de los grandes debates y fricciones que más han marcado la legislatura, en gran medida porque no hay ninguna fórmula mágica para resolver la inaccesibilidad de los alquileres, en especial en zonas tensionadas de los centros urbanos. Es esencialmente necesario revisar, o incluso eliminar, la calificación de zona tensionada, intensificar la oferta de viviendas sociales y brindar seguridad jurídica a los propietarios. Igualmente, es de suma importancia crear mecanismos de protección para las familias en situación de vulnerabilidad, sin cargar el gran grueso de la responsabilidad en los propietarios, que es justamente lo que se deriva de la actual Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La estabilización del mercado de alquiler se podría alcanzar si se hace una firme apuesta por medidas fiscales que fomenten la inversión en el sector inmobiliario y por una regulación que dote de seguridad jurídica a propietarios e inquilinos por igual. Y ya para concluir y no por eso menos importante: no pongamos en el mismo tablero de juego grandes tenedores y particulares con una o dos propiedades. Empecemos por ser coherentes y exigir lo exigible a quien realmente corresponde, la administración, la primera.