La automotriz francesa Renault decidió que el negocio de defensa nunca superará el 5% de sus ingresos. La cifra apareció en el Financial Times en junio, atribuida a fuentes anónimas. El tope es informal. La motivación, según una de esas fuentes, fue no violar los lineamientos ESG, o política ambiental, social y de gobernanza, de sus prestamistas e inversores. Una empresa con el Estado francés entre sus accionistas principales, en plena carrera europea de rearme, limita su producción militar para no incomodar a los guardianes de la inversión responsable.

Europa pasó cuatro años descubriendo que no puede defenderse sola. La guerra de Ucrania reveló arsenales vacíos y la política exterior estadounidense reveló que el paraguas atlántico tiene dueño y el dueño cobra. Los gobiernos europeos pidieron entonces a sus industrias que produjeran armas. El gobierno francés lo pidió de manera explícita hace dos años; Renault respondió con un acuerdo, una fábrica y un techo.

Entre tanto, Renault firmó en enero con Turgis Gaillard para producir drones en su planta de Le Mans, con capacidad proyectada de 600 unidades mensuales bajo supervisión de la agencia de adquisiciones DGA. El techo también existe y es revelador. Renault facturó 58.000 millones de euros en 2025. El 5% son 2.900 millones, 36 veces la facturación anual de su socio Turgis Gaillard. El tope no limita el negocio actual, sino la ambición. Es un pronunciamiento dirigido a los mercados: tranquilos, no nos convertiremos en una empresa de armas.

Ahí está el error conceptual. Una empresa existe para sus accionistas, no para el público general, ni para las fundaciones, ni para los redactores de cuestionarios de sostenibilidad. Cuando una compañía antepone los humores morales del público a los intereses de sus dueños, deja de cumplir su función y empieza a morir. La historia industrial europea de la última década es un catálogo de esa confusión. La industria automotriz alemana se inmoló en el altar de la electrificación obligatoria mientras China le comía el mercado. Ahora la industria francesa renuncia al único sector con demanda estatal garantizada y márgenes crecientes para conservar un certificado de virtud.

Si las compañías europeas prefieren salvar el planeta antes que salvar el continente, otros fabricarán las armas y otros cobrarán

Lo notable es que el certificado ya estaba vencido. Los grandes fondos y bancos europeos flexibilizan sus exclusiones de defensa desde 2024, cuando comprendieron que la seguridad es condición de toda sostenibilidad. Las acciones de defensa europeas multiplicaron su valor desde 2022 y fueron el mejor negocio del continente. Renault obedece a una regla que sus autores desmantelaban. No protege a sus accionistas de un riesgo; solo los priva de un retorno para cumplir con un fantasma.

Hay un agravante. El Estado francés es accionista de Renault y al mismo tiempo su cliente militar. El mismo gobierno que pide drones tolera un sistema de financiamiento que castiga producirlos. Esa esquizofrenia no es de la empresa, sino de Europa entera, que quiere rearmarse sin fabricar armas, es decir, autonomía estratégica sin tocar la liturgia regulatoria que la impide. El jefe de la DGA, la Dirección General de Armamentos, Patrick Pailloux, explicó ante el parlamento que la agencia no compraría millones de drones por anticipado porque quedarían obsoletos, y que tal vez pagaría a las empresas un estipendio para mantener su capacidad. Traducción: el Estado quiere una opción de compra sobre fábricas que las empresas no quieren tener.

La defensa de Europa no la harán las fundaciones; estará a cargo de empresas que fabriquen mucho, rápido y con ganancia. Si las compañías europeas prefieren salvar el planeta antes que salvar el continente, otros fabricarán las armas y otros cobrarán. Los accionistas de Renault deberían preguntarse quién decidió, en su nombre, que el 95% de la empresa quedara a salvo de la realidad.

Las cosas como son.