Cuando se habla de productividad, el debate económico suele centrarse en factores como la tecnología, la formación de los trabajadores o la dimensión de las empresas. Son elementos importantes, sin duda. Pero a menudo se olvida un factor igualmente decisivo: la calidad de las instituciones. La productividad de una economía no depende solo de lo que hacen las empresas, sino también de cómo funcionan las administraciones, de la capacidad de tomar decisiones colectivas y de la manera como se establecen las prioridades públicas. Ya no hablamos de si las administraciones se dejan capturar por intereses corruptos.

Este factor institucional es especialmente relevante en economías avanzadas, donde el capital humano y la capacidad empresarial ya son elevados. En estos contextos, el desorden institucional —tramitaciones lentas, mala coordinación administrativa o decisiones de inversión mal orientadas— puede acabar reduciendo de manera significativa el potencial económico. No se trata solo de gastar más recursos, sino en qué se decide gastar, gastarlos mejor y de ejecutar las decisiones con eficacia. Tenemos tantos ejemplos cerca de nosotros que resultan abrumadores.

Un primer ejemplo es el funcionamiento de las infraestructuras de movilidad cotidiana de las personas. La actualidad rabiosa nos muestra cómo Rodalies de Catalunya constituye una pieza esencial del mercado de trabajo metropolitano. Su función no es solo transportar pasajeros, sino conectar personas con puestos de trabajo y empresas con talento. Cuando estas redes acumulan incidencias recurrentes, retrasos o interrupciones, el coste no es solo una molestia para los usuarios. Es también un coste económico y, tan importante como este, un coste reputacional: tiempo perdido, menor fiabilidad en los desplazamientos laborales y una reducción efectiva de la movilidad del mercado de trabajo y, al fin y al cabo, un factor desalentador para inversiones futuras.

Un segundo ejemplo lo encontramos en la política de infraestructuras de movilidad de mercancías. El desarrollo del corredor mediterráneo ilustra bien hasta qué punto la productividad también depende de las prioridades institucionales. Hace décadas que se reconoce la importancia de una conexión ferroviaria competitiva para el transporte de mercancías a lo largo del arco mediterráneo, una de las zonas con más peso industrial y por donde circulan más del 50 % de las exportaciones españolas. Sin embargo, el proyecto ha avanzado lentamente, de manera fragmentaria, y se ha diseñado de manera tan escasa que, por poco que consiga trasladar mercancías del camión al ferrocarril, quedará colapsado rápidamente. Esto no se explica solo por problemas técnicos o administrativos. También refleja una orientación histórica de la política de infraestructuras, especialmente con el desarrollo de la red de alta velocidad. Mientras se han completado múltiples líneas radiales, la conexión en alta velocidad entre las segundas y terceras áreas urbanas más importantes (Barcelona y Valencia) o las infraestructuras con una clara lógica productiva han quedado pospuestas o han avanzado con mucha más lentitud, particularmente si afectan a Cataluña. El resultado es que nodos logísticos clave, como el Puerto de Barcelona, Valencia, Tarragona, Alicante, la SEAT o el Parque Empresarial de Sagunto, continúan dependiendo del transporte por carretera para la conexión con los mercados europeos, saturando, de paso, las vías antes llamadas “rápidas” como la AP-7.

Instituciones lentas, fragmentadas o con prioridades mal alineadas con la realidad productiva se convierten en un freno estructural

La dimensión institucional también se hace evidente en la regulación urbanística y administrativa. La complejidad de los procesos de planificación, de modificación del planeamiento y de autorización de actividades puede alargar durante años la materialización de proyectos industriales, logísticos, energéticos o residenciales. Las regulaciones establecen procedimientos garantistas y múltiples niveles de control; a esto se añaden informes sectoriales, autorizaciones ambientales y permisos específicos —como los que afectan a los proyectos de energías renovables— que a menudo acaban traduciéndose en tramitaciones largas y difíciles de prever. Cuando un proyecto necesita ocho, diez o incluso veinte años para llegar a ejecutarse, el coste económico es evidente: inversiones aplazadas, oportunidades perdidas y una renovación más lenta del parque residencial y del capital productivo. Una gran parte del problema de la vivienda viene de aquí, como reconoció el propio presidente de la Generalitat. Tenemos ejemplos cercanos a manta: la transformación de las áreas de la Sagrera o de la Marina del Prat Vermell, las plataformas logísticas como Logis Empordà o la terminal de la Llagosta —acabada pero funcionando a medio gas—, la línea 9 del metro de Barcelona o las dificultades para desplegar con agilidad nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos. Todos ellos muestran cómo la combinación de planeamiento, informes sectoriales, litigios —a veces solo para entorpecer un proyecto— y obstáculos técnicos o financieros puede alargar extraordinariamente los plazos de inversión.

Pero la productividad institucional no afecta solo a las empresas o las infraestructuras. También se manifiesta en el funcionamiento de los servicios públicos. Las listas de espera en el sistema sanitario, gestionado en Cataluña por el Servicio Catalán de la Salud, son un buen ejemplo de ello. Cuando las intervenciones, las pruebas diagnósticas o las primeras visitas a especialistas se retrasan durante meses, el coste no es solo sanitario o social. También es económico: bajas laborales más largas, y, por lo tanto, aumento del absentismo, recuperaciones más lentas y una reducción temporal de la capacidad productiva de muchas personas.

Una situación similar se produce en el ámbito de las políticas de dependencia. El despliegue de la Ley de Dependencia ha comportado avances importantes en la cobertura social, pero se producen retrasos en las valoraciones y en el acceso efectivo a las prestaciones. Cuando los servicios llegan tarde, muchas familias tienen que asumir una parte significativa de los cuidados, afectando esto también a la participación laboral de muchas personas, llegando al límite cuando los beneficiarios mueren sin haber tenido acceso a las ayudas (5.153 muertes en espera en 2025).

La calidad institucional también se manifiesta en la capacidad de resolver los conflictos (particularmente los judiciales) de manera eficiente. Una parte importante de la actividad económica descansa sobre contratos complejos y relaciones comerciales que requieren seguridad jurídica. Cuando los litigios se alargan durante años, el riesgo empresarial aumenta y los costes de transacción también. Esto obliga a las empresas a incorporar más garantías, a complicar los contratos o, en algunos casos, a renunciar a determinadas operaciones.

La productividad institucional no afecta solo a las empresas o las infraestructuras. También se manifiesta en el funcionamiento de los servicios públicos

Finalmente, hay que tener en cuenta el coste de la complejidad administrativa. La creación de empresas o la tramitación de actividades económicas sigue implicando un volumen considerable de procedimientos. Organismos como la Cámara de Comercio de Barcelona han señalado a menudo la superposición de normativas y la fragmentación competencial entre diferentes niveles de la administración. El resultado es que muchas empresas, especialmente las pequeñas, tienen que dedicar una parte significativa de su tiempo a gestionar trámites en lugar de dedicarlo a innovar o crecer.

Todo ello apunta a una conclusión clara: las instituciones también pueden generar o destruir productividad. Una administración que toma decisiones con rapidez, coordina actores y orienta las inversiones hacia actividades con alto impacto económico puede multiplicar la eficiencia de una economía. En cambio, instituciones lentas, fragmentadas o con prioridades mal alineadas con la realidad productiva se convierten en un freno estructural.

En economías como la catalana o la española, donde el capital humano y la capacidad empresarial son indiscutibles, mejorar la productividad no es solo una cuestión de tecnología o de inversión. Es también una cuestión institucional. Simplificar procesos, mejorar la coordinación administrativa y orientar mejor las decisiones estratégicas puede tener un impacto económico tan importante como cualquier reforma empresarial o tecnológica. Porque, al fin y al cabo, la productividad de un país también depende de la calidad de sus decisiones colectivas.