En busca del santo grial de la necesidad relativa del gasto autonómico que el Estado considere que merece financiar, aparece, y se refuerza de nuevo, la variable población ajustada. Una invitación a las ocurrencias respectivas para hacer valer quién la tiene más grande, a la necesidad. Llueve sobre mojado, pero es que ahora, en torno al artefacto reforzado de la población ajustada, se nos quiere hacer creer el cumplimiento de la ordinalidad. Abierta la caja de los ajustes, casi todo es posible. Dentro de la población por tramos de edad, con ponderación ya incorporada, ¿los más gorditos deberían también pesar más, siendo a menudo una carga para el sistema sanitario y con medicamentos caros disponibles para combatir la obesidad? ¿Debemos ponderar la población por el porcentaje de los recién llegados ocupados que traen población pasiva? Los costes fijos de un servicio, se propone ahora que se integren y se ponderen por tramos de población. ¿Cómo quedamos? ¿Son fijos o varían? ¿Lo hacen en positivo o en negativo? Los estudiantes desplazados, tal como se propone ahora, ¿se deben considerar solo los de grado o también los de posgrado? ¿Ya saben los proponentes de los ajustes poblacionales que lo que dispara el gasto sanitario no es el salto de tramo de edad, sino la proximidad de la muerte, sea esta a la edad que sea? Se aplica, se dice, al cálculo de “necesidades” el acceso de los servicios esenciales del estado del bienestar. Lo es, pero ¿la educación superior o solo la enseñanza obligatoria? ¿Todas las prestaciones sanitarias se deben incluir en la cobertura garantizada? ¿La vivienda entra? ¿Y el acceso a la justicia? 

Podría seguir para remarcar que la población ajustada es un artefacto que, por reducción al absurdo, no lleva a ninguna parte. Bien. Sí. A fomentar la pelea entre comunidades autónomas en un debate incesante, incluso la parálisis de la reforma en favor de mantener el statu quo interesado de algunos. ¿Qué sentido tiene este invento, sin antecedentes en el federalismo fiscal (prueben a explicarlo en una reunión internacional y verán las caras que ponen), en servicios que se reconocen como esenciales? ¿Tiene lógica penalizar la distribución de recursos según esta manera de ponderar necesidades, cuando estamos hablando de servicios universales? Hecho que quiere decir que tienen derecho igualmente ciudadanos ricos y pobres. Y si es así a nivel individual, ¿por qué no ha de serlo a nivel colectivo? Los catalanes, de hecho, pagando del bolsillo, tenemos más seguro privado complementario que el resto. ¿Nos ha de condenar esto a perpetuidad, pagando con una transferencia estatal menor de los ingresos que ya pagamos por habernos identificado en una necesidad relativa menor? ¿Cuál es la naturaleza de los conceptos que queremos ajustar? ¿Son todos factores externos, no manipulables o inevitables? Queda claro que este es el caso de la insularidad y los dobles aislamientos. Quizás también lo es la ruralidad si queremos evitar más Españas despobladas. Pero no están claras las variables tipo "cuanto peor, mejor". ¿Más estudiantes (repetidores, absentistas incluidos) justifican más necesidad de gasto educativo no obligatorio? ¿Cuanta más mortalidad en una comunidad, más financiación se merece? ¿Y reducirla lo penaliza? ¿Por qué razón no se ajusta a la propuesta por el coste de la vida diferencial de las comunidades y por el peso de los recién llegados sobre la población residente que tanto tensiona los servicios públicos? Si nos ponemos de acuerdo con algunas variables, ¿tenemos claro cómo medirlas objetivamente, ponderarlas por el coste, agregarlas cuando responden a índices diferentes? ¿Estaremos a resultas después de su evolución dinámica? ¿No es cierto que, si nos tenemos que ajustar al alza por población envejecida, se debería ajustar a la baja por menor porcentaje de población en edad escolar?

¿Cómo es que hemos podido ir aceptando todos este nuevo montaje Frankenstein, potencial de un estado que descentraliza gasto según cree, sin compartir ingresos de verdad? ¿Aceptaremos que la ordinalidad se cumple solo sobre la población ajustada, y no sobre la real? Necesitamos estandarizar un criterio para la nivelación. De la horizontal, creo que con la población ya hacemos. Y si el Estado quiere ajustar, que lo haga a la nivelación vertical, a partir de sus propios recursos, como ya hace en el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero que no nos lo haga pagar entre todos.

De acuerdo. Quizás no hace falta darle más vueltas sobre la virtualidad de la propuesta. Y menos viendo la situación política española.