La última semana nos ha dejado tres titulares relacionados con la crisis de vivienda. El sábado, el Sindicat de Llogateres reunió a centenares de personas delante de un bloque de la calle Mallorca de Barcelona para anunciar que ya tiene vecinos organizados en 73 edificios, en un acto conducido por un conocido comunicador televisivo. El miércoles, después del desahucio en Madrid de la ya famosa Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en el mismo piso desde 1956, Ada Colau pidió a Sumar que abandone el gobierno español si el PSOE no cambia el rumbo en vivienda. Y ese mismo miércoles, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, cifraba en 755.000 las viviendas que faltan desde 2021 y advertía que el déficit superará el millón en 2028. Las dos primeras ocuparon informativos y tertulias; la tercera, la única que explica las otras dos, pasó bastante más desapercibida.

Quien ha vivido en un piso viejo conoce la tentación de pintar sobre una mancha de humedad. La pared queda blanca unas semanas, hasta que la mancha vuelve a salir, más grande, y se aplica otra capa. En vivienda hace más de una década que hacemos exactamente eso: el decreto ley 17/2019, la Ley 11/2020 de contención de rentas, el decreto ley 50/2020, la ley estatal de 2023, las zonas tensionadas aplicadas en Catalunya desde marzo de 2024, la regulación de los alquileres de temporada y, ahora, la propuesta de prohibir las compras calificadas de especulativas. Ninguna de las normas catalanas de este periodo ha contado con una evaluación de impacto exante, es decir, una estimación previa y rigurosa de los efectos que tendría, y todas se han justificado en buena parte para corregir las consecuencias de la anterior. Cada capa esconde la mancha un tiempo y hace más difícil llegar a la pared.

Lo más singular del caso catalán, sin embargo, no es la inflación normativa sino quién la protagoniza y cómo se explica el relato. Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, su espacio político está en el gobierno español desde 2020, primero con Unidas Podemos y después con Sumar, y ha sido socio decisivo tanto de los presupuestos de Aragonès como de la investidura de Illa. El desahucio que ahora denuncia se ha ejecutado con un marco legal que su propio espacio negoció. El Sindicat de Llogateres no ha gobernado, pero impulsó la Ley 11/2020, y su lógica de control de rentas es la que acabaría cristalizando en la ley estatal. A pesar de ello, salvo honrosas excepciones, platós y tertulias los presentan como voces externas de denuncia, como si el problema les fuera ajeno.

El discurso dominante sobre vivienda señala al propietario y al inversor, y lo hace con herramientas que agravan aquello que dice combatir

Mientras tanto, vivimos la peor combinación de accesibilidad y disponibilidad de vivienda que hemos conocido. En 2006 los precios reales eran similares a los de hoy, pero se visaban más de 800.000 viviendas al año; en 2025, según el Banco de España, se formaron unos 240.000 hogares y se terminaron poco más de 92.000. Desde 1980, la renta real disponible de los hogares se ha multiplicado por 1,8, mientras que el precio real de la vivienda lo ha hecho por 3,5, casi el doble que en la zona euro. Solo el 15,2% de los jóvenes de 16 a 29 años vive emancipado, el mínimo desde que hay registros. En Barcelona, la oferta de pisos de alquiler disponibles ha caído un 90% en cinco años, según el portal Idealista. Que el Govern celebre que la renta media de los contratos firmados en la ciudad ha bajado un 4,7% en dos años es una lectura parcial: mide el precio que paga quien ha encontrado piso, no el de quien no lo encuentra. Y el precio de un bien que no está disponible es, para quien lo busca, a efectos prácticos, infinito.

El discurso dominante responde señalando al propietario y al inversor, y lo hace con herramientas que agravan lo que dice combatir. En un análisis comparativo de 19 jurisdicciones de la OCDE, Catalunya es la segunda más cara en el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre la vivienda de segunda mano, solo por detrás de Bélgica, y a los grandes tenedores se les ha doblado el tipo hasta el 20%. Hemos decidido gravar poco la tenencia, con el IBI o, preferiblemente, con un impuesto sobre el valor del suelo, y mucho la compraventa, lo que penaliza la movilidad y el uso eficiente del parque. Ahora se quiere añadir la prohibición de las compras especulativas, una etiqueta moral difícil de definir y aún más de controlar, que expulsa capital del mercado justo cuando más lo necesitamos para construir y rehabilitar. Entiendo que, mientras se espera que lleguen los pisos nuevos, se pueden perder muchas elecciones. Pero a los gobernantes se les pide que resuelvan problemas, no que los agraven y culpen a otros, sobre todo cuando hace más de quince años que el parque no crece al ritmo de la demanda.

En definitiva, no nos faltan capas de pintura; nos falta arreglar la humedad. Esto significa, como mínimo, que ninguna norma de vivienda se apruebe sin una evaluación de impacto previa y otra posterior con fecha fijada, y que decaiga si no demuestra resultados. Significa también desplazar el peso fiscal de la compraventa hacia la tenencia del suelo, y tramitar urbanismo y licencias en meses, no en lustros. Y a los medios les corresponde una exigencia sencilla: cuando ceden el micrófono a quien ha escrito las reglas del juego, preguntarle cuál de las normas que impulsó ha hecho crecer el número de viviendas disponibles. Mientras esta pregunta no se haga, continuaremos confundiendo la denuncia con la rendición de cuentas, y la humedad continuará aflorando una y otra vez, para desesperación de quienes la sufren.