Cuando todo hacía pensar que el acceso a una vivienda digna y la inmigración acapararían buena parte del debate electoral, por no decir todo, estos últimos días ha vuelto a irrumpir con fuerza un viejo conocido de cualquier contienda: las pensiones y, sobre todo, la viabilidad del sistema que las sostiene. Un debate que resurge puntualmente cada vez que se acercan las urnas, rodeado de promesas solemnes y garantías categóricas, pero con una inquietante escasez de explicaciones sobre cómo se financiarán los compromisos que tan alegremente se asumen.

El contraste con las inquietudes ciudadanas es revelador. Según el Barómetro de Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió, publicado el 14 de octubre de 2026, la vivienda encabeza los problemas percibidos por los catalanes, con un 30% de menciones, seguido de la inmigración, con un 11%. En cambio, a medida que se acercan las elecciones generales del 29 de noviembre, las pensiones vuelven al centro de la disputa. Es comprensible, porque hay millones de personas que dependen de ellas y ningún dirigente quiere inquietarlas. Pero una cuestión tan importante no debería quedar reducida a una competición para ver quién promete con más convicción.

Hay una pregunta que, humildemente, me cuesta entender. Si vivimos cada vez más años, aumenta el número de pensionistas y una parte importante de la población activa tiene que subsistir con salarios precarios, ¿cómo podemos proclamar con tanta grandilocuencia que las pensiones están garantizadas y que se revalorizarán anualmente de acuerdo con el IPC? No cuestiono el derecho a una jubilación digna ni la protección del poder adquisitivo. Cuestiono la certeza con que se ofrecen compromisos de largo alcance sin detallar con la misma contundencia los recursos que los tendrán que hacer posibles.

El modelo español es fundamentalmente de reparto, de manera que las cotizaciones de quienes trabajan y de las empresas contribuyen a satisfacer las prestaciones actuales, con el apoyo de transferencias públicas. No es una hucha donde cada uno conserva el dinero que recuperará al jubilarse, sino un pacto de solidaridad entre generaciones. Y me parece un pacto valioso, que ha permitido proteger la vejez y reducir su vulnerabilidad económica. Precisamente por eso, la pregunta sobre su capacidad de resistencia no debería resultar ofensiva. Quizás la irresponsabilidad es evitarla.

Los partidos compiten para garantizar las pensiones, pero ¿quién se atreve a explicar cómo las pagaremos?

La Seguridad Social informó el 25 de septiembre de 2026 de que la nómina mensual de pensiones contributivas había alcanzado los 14.498,2 millones de euros, repartidos entre más de 10,5 millones de prestaciones. Esta magnitud no acredita ninguna quiebra inminente y, aún menos, autoriza a describir a los pensionistas como un colectivo privilegiado, porque hay prestaciones bajas y personas que dependen íntegramente de estos ingresos. Pero sí ilustra el volumen de una obligación continuada, sometida a la evolución del número de beneficiarios, de las cuantías y de la duración de las jubilaciones. No hablamos de un programa presupuestario que se pueda interrumpir al final de cada mandato.

La demografía es, seguramente, la variable menos dispuesta a obedecer un eslogan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Pensions at a Glance 2025, publicado el 27 de noviembre de 2025, calcula que en el conjunto de los estados miembros las personas de 65 años o más pasarán de 33 por cada 100 habitantes de 20 a 64 años en 2025 a 52 en 2050. España figura entre los países donde el aumento será superior a los 25 puntos. Que vivamos más años es una magnífica noticia, indiscutiblemente. Pero esta longevidad, en un contexto de baja natalidad, representa un desafío cada vez mayor para la sostenibilidad del sistema.

Y aún hay otro factor decisivo: no basta con contar cotizantes, hay que observar los ingresos que generan. Según la Encuesta anual de estructura salarial de 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadística el 28 de mayo de 2026, el salario mediano anual era de 24.497 euros. Los sueldos han crecido en términos nominales, pero esto no elimina la precariedad retributiva de una parte del empleo. Tampoco permite afirmar que las pensiones sean inviables. Lo que obliga a examinar es si la masa salarial, la productividad y los recursos tributarios podrán evolucionar al ritmo de los compromisos adquiridos.

Esta incertidumbre no es una extravagancia personal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el Estudio sobre la regla de gasto de pensiones, publicado el 29 de mayo de 2026, constata que se cumple formalmente la regla legal: el gasto medio en pensiones, descontado el efecto de las medidas de ingresos, se sitúa en el 13,0% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3%. Pero advierte que este resultado no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y proyecta una deuda del conjunto de las administraciones del 123% del PIB en 2050, en un escenario sin cambios de política. No atribuyo esta trayectoria exclusivamente a las pensiones. Me limito a constatar que cumplir una regla no es lo mismo que asegurar la solvencia futura.

El aumento de la longevidad, en un contexto de baja natalidad, representa un desafío cada vez mayor para la sostenibilidad del sistema

La prudencia de la AIReF contrasta con el lenguaje de campaña. Pedro Sánchez aseguró el 15 de octubre que impulsaría la revalorización de las pensiones de 2027 de acuerdo con el IPC, aunque su ejecutivo estuviera en funciones. Aquel mismo día, Alberto Núñez Feijóo afirmaba desde Bruselas que las pensiones eran innegociables y defendía su actualización con la inflación, después de que la portavoz popular Ester Muñoz hubiera reclamado reformar el sistema. Hay matices evidentes entre las posiciones, pero no deberíamos conformarnos con saber qué quieren preservar. También deberíamos conocer qué cambios aceptarían, con qué previsiones y asumiendo qué consecuencias.

Por supuesto, la hemeroteca no sustituye un análisis financiero, pero ayuda a poner las declaraciones en perspectiva. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió, con excepciones para las prestaciones más bajas, la revalorización general de las pensiones contributivas para 2011 mediante el Real Decreto Ley 8/2010. Durante el mandato de Mariano Rajoy, la Ley 3/2017 estableció un aumento general del 0,25%, inferior a la inflación de aquel año. No eran contextos equivalentes. Sí que eran decisiones que recuerdan una evidencia: las normas que hoy se proclaman intocables ya se han modificado ante otras exigencias económicas.

La Ley 21/2021 recuperó la revalorización de las pensiones contributivas vinculada al IPC. Me parece una protección social relevante, especialmente para quien no dispone de otros ingresos. Ahora bien, la inflación puede incrementar el gasto de manera inmediata, mientras que los ingresos por cotizaciones no necesariamente crecen en la misma proporción. No propongo eliminar este mecanismo. Pido una explicación transparente de cómo se financiará bajo escenarios menos favorables que los actuales. Es muy diferente defender una garantía que fingir que su coste no plantea ninguna disyuntiva.

Hay países europeos que han optado por respuestas diferentes. Suecia dispone de un modelo que vincula las pensiones a las cotizaciones registradas a lo largo de la vida laboral e incorpora la esperanza de vida en el cálculo de las prestaciones, mientras que los Países Bajos combinan una pensión pública básica con un amplio sistema de pensiones complementarias financiadas mediante fondos. No son soluciones inmunes al riesgo, ni sería prudente importarlas sin tener en cuenta las singularidades de nuestra economía. Pero demuestran que preservar una jubilación digna no obliga necesariamente a dejar intactas todas las reglas del sistema.

Las normas que hoy se proclaman intocables ya se han modificado ante otras exigencias económicas

España también ha adoptado medidas para reforzar los ingresos del sistema. La reforma de 2023 amplió el Mecanismo de Equidad Intergeneracional e introdujo la cotización adicional de solidaridad, aplicada desde 2025. Sería injusto ignorarlo. Pero cada alternativa implica costes: aumentar las cotizaciones afecta a los gastos laborales, recurrir a los impuestos exige elegir entre prioridades públicas y esperar que la inmigración resuelva por sí sola la ecuación olvida que quienes hoy trabajan también adquirirán derechos de jubilación. La productividad y un empleo mejor remunerado pueden ampliar la base económica, pero tampoco aparecen por decreto.

Quizás es precisamente esta conversación la que echo de menos. ¿Qué pasaría si las estimaciones de crecimiento no se cumplieran? ¿Cómo se distribuiría el esfuerzo adicional entre presupuestos, empresas y contribuyentes? ¿Qué mecanismos protegerían las pensiones más bajas ante una eventual reforma? Son cuestiones discutibles, con respuestas que implican opciones políticas legítimamente diferentes. Lo que no debería ser aceptable es presentar cualquier demanda de concreción como un ataque a los jubilados. La lealtad con quien depende del sistema exige poder hablar de ello sin convertir cada interrogante en una sospecha.

Cuando una empresa asume una obligación que se extenderá durante décadas, le exigimos proyecciones, escenarios adversos y capacidad para afrontar desviaciones. Ningún consejo de administración serio consideraría resuelto un problema de solvencia porque hubiera votado, por unanimidad, que todos los pagos futuros están garantizados. No veo por qué los compromisos públicos, que afectan a millones de vidas y movilizan cantidades extraordinarias de recursos, deberían merecer menos rigor. La política no es una empresa, evidentemente, pero la responsabilidad con el dinero y con las obligaciones contraídas no debería ser inferior.

No pretendo tener una fórmula infalible ni afirmo que el sistema esté condenado. En materia de pensiones, quizás la modestia sería más útil que la grandilocuencia, porque las decisiones que se aplacen hoy acabarán condicionando las jubilaciones de mañana.