Hace tiempo que muchos de nosotros tenemos la sensación de que trabajamos para sobrevivir y no para avanzar. Es una percepción que se ha ido extendiendo lentamente, casi sin ruido, pero con una persistencia cada vez más difícil de ignorar. Mantener un hogar, pagar la vivienda, asumir gastos básicos o conservar una mínima capacidad de ahorro requiere hoy un esfuerzo muy superior al de hace tan solo unos años.

Ir al supermercado es más caro, igual que pagar el alquiler, la hipoteca, la factura de la luz o, sencillamente, sostener una vida cotidiana con cierta tranquilidad. El problema no es únicamente el incremento continuado de los precios, sino el hecho de que el coste de la vida ha avanzado de una manera mucho más acelerada que los salarios.

Y es precisamente aquí donde la necesidad de deflactar el IRPF deja de ser una cuestión estrictamente técnica para convertirse en una cuestión de simple coherencia.

Los datos hablan por sí solos. Según el INE, el IPC acumulado entre 2021 y 2025 supera ampliamente la evolución salarial en muchos sectores, especialmente si se tiene en cuenta el encarecimiento de la vivienda, la alimentación y la energía. El mismo Banco de España ha advertido reiteradamente, en diversos informes publicados entre 2024 y 2026, sobre la pérdida de poder adquisitivo de muchos hogares y sobre el impacto persistente de la inflación en las rentas salariales.

La necesidad de deflactar el IRPF deja de ser una cuestión estrictamente técnica para convertirse en una cuestión de simple coherencia

A pesar de ello, el sistema fiscal sigue funcionando como si estos ingresos hubieran experimentado una mejora real. Aquí aparece una de las grandes contradicciones del momento actual, ya que muchos trabajadores acabamos tributando más, no porque sean más ricos, sino porque la inflación empuja nominalmente los salarios mientras el poder adquisitivo sigue deteriorándose. Este desajuste es precisamente lo que convierte la deflactación del IRPF en una necesidad cada vez más difícil de ignorar.

No porque tenga que solucionar los enormes desequilibrios estructurales de la economía actual. Sería ingenuo presentarla como una fórmula milagrosa. La deflactación no resolverá la precarización laboral, ni la emergencia residencial, ni la fragilidad creciente de las clases medias, pero al menos impediría que el Estado continuara aumentando la recaudación a partir de un empobrecimiento progresivo de las rentas salariales, que es, en el fondo, lo que está sucediendo desde hace tiempo.

Cuando los precios aumentan a un ritmo muy superior al de los ingresos, y a pesar de todo el contribuyente acaba pagando más IRPF, la sensación que se genera es profundamente corrosiva. Muchas familias disponemos hoy de menos margen económico que hace unos años, menos capacidad de ahorro y una sensación cada vez más intensa de vulnerabilidad financiera.

Hace cierta gracia leer que “la cifra del PIB de España el primer trimestre de 2026 fue de 437.308 millones de euros, de modo que la economía española se sitúa entre las diez primeras del mundo”. ¿De qué coño sirven estos datos macroeconómicos cuando la realidad micro nos demuestra que apenas llegamos a final de mes?

Deflactar el IRPF impediría que el Estado continuara aumentando la recaudación a partir de un empobrecimiento progresivo de las rentas salariales

En Catalunya vivimos esta realidad con especial intensidad. El coste de vida, sobre todo en Barcelona y en su área metropolitana, se ha disparado hasta niveles que presionan fuertemente las economías domésticas. La vivienda absorbe una parte desproporcionada de los ingresos, los servicios esenciales continúan encareciéndose y muchos hogares vivimos con la sensación de que cualquier imprevisto puede alterar completamente nuestro equilibrio económico.

Lo más preocupante es que esta situación ya no afecta únicamente a las rentas más bajas. Cada vez más profesionales cualificados, trabajadores con empleo estable y familias que hasta hace relativamente poco manteníamos una situación confortable, experimentamos una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva.

Este es probablemente el cambio más delicado del momento económico actual. Durante décadas, las clases medias habían actuado como el gran elemento estabilizador de la sociedad catalana. No por su riqueza, sino por la sensación de continuidad y seguridad que representaban. Hoy, contrariamente, esta estabilidad se va erosionando lentamente bajo la presión combinada de unos salarios que pierden fuerza y un coste de vida que no deja de aumentar.

Es aquí donde el debate fiscal deja de ser una discusión estrictamente técnica para convertirse en una cuestión profundamente social. Porque una cosa es contribuir al sostenimiento de los servicios públicos, algo absolutamente necesario, y otra muy diferente es continuar incrementando la carga efectiva sobre unas rentas salariales que ya absorben buena parte del impacto de la inflación. Defender la deflactación del IRPF no es defender menos Estado ni cuestionar la fiscalidad como herramienta redistributiva. Es reclamar una mínima coherencia entre la realidad económica de las familias y el funcionamiento del sistema tributario.

Llega un punto en que el verdadero escándalo ya no es la presión fiscal. Es haber convertido la vida digna en un privilegio

Y después de casi ocho años con el autodenominado gobierno “más progresista de la historia de España”, resulta aún más incomprensible que una medida tan elemental como esta no se haya afrontado de manera seria.

Resulta difícil explicar a muchos trabajadores que, a pesar de perder poder adquisitivo año tras año, continúen asumiendo una presión fiscal más elevada simplemente porque los incrementos de los sueldos los desplazan hacia tramos superiores. Especialmente en un contexto en el que la vida cotidiana se ha convertido en una sucesión constante de renuncias pequeñas, pero acumulativas.

Porque este es el gran riesgo de fondo. No solo el empobrecimiento material, sino la normalización de una precariedad cada vez más transversal. Estamos naturalizando una realidad en la que adultos con trabajo estable tienen dificultades para emanciparse, las parejas aplazan decisiones vitales porque los números no salen y trabajar ya no garantiza aquella mínima tranquilidad que durante años había definido una parte nada menor de la sociedad catalana.

La deflactación del IRPF no revertirá por sí sola esta deriva, pero al menos evitaría seguir presionando a unas familias que hace demasiado tiempo que absorben en solitario el impacto de una inflación persistente y de un modelo económico que cada vez protege menos las rentas del trabajo.

Porque llega un punto en que el verdadero escándalo ya no es la presión fiscal. Es haber convertido la vida digna en un privilegio.