El pasado 15 de junio, el Govern, las patronales y los sindicatos firmaron el nuevo Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030. El acuerdo da continuidad a los pactos anteriores, en una puesta en escena donde todos coincidieron en recordar que la industria representa "cerca del 20%" del PIB catalán. La fotografía es impecable y, cabe decirlo, la voluntad parece sincera: nadie de los que firmaron duda de que un tejido industrial potente es la vía hacia una economía de más valor añadido, más efecto multiplicador y, en consecuencia, productividades altas y salarios saludables. El problema no es la buena fe. El problema es que las ediciones anteriores de este mismo instrumento no han conseguido revertir una tendencia que ya hace tiempo que apunta en sentido contrario.

Observemos los datos. Según la base estadística del Idescat, en 2025 la industria catalana generó aproximadamente el 17,2% del PIB, mientras que en el año 2000 representaba el 24,5%. Es decir, en un cuarto de siglo hemos perdido más de siete puntos de peso industrial, y la distancia entre el "cerca del 20%" que se repite en los actos y el 17,2% que recogen las estadísticas no es ningún detalle contable: es la medida exacta del conformismo con que nos explicamos a nosotros mismos. Una caída de esta magnitud no se explica por un mal año ni por un ciclo desfavorable. Es estructural.

Lejos de estabilizarse, la tendencia se acelera a corto plazo. En el primer trimestre de 2026, la industria catalana creció un 0,9% interanual, mientras que el conjunto del PIB avanzaba un 2,9% y los servicios, un 3,7%. Por otro lado, la industria española crecía un 1,8%, es decir, el doble que la catalana. El Indicador de Clima Industrial se situó en mayo en -3,9 puntos, peor que el mes anterior (-2,8) y peor que el mismo mes del año pasado (-3,1), con una cartera de pedidos en negativo (-4,9). Si añadimos que, según la base de datos empresarial D&B Informa, Catalunya es la comunidad donde más crecen los procedimientos concursales, el cuadro deja poco margen para la autocomplacencia. Ante estos datos, la tentación es diagnosticar desde el despacho: intuir las causas y prescribir remedios basados en estas intuiciones. Sería un error.

Cualquier actividad sospechosa de llevar la etiqueta de industrial se mira con una exigencia que no se aplica a otros sectores igualmente generadores de externalidades

Conviene preguntar razones concretas a los afectados, a quienes cierran una línea o renuncian a una inversión, en vez de adivinarlas. Y si lo hacemos, veremos que algunas de estas razones sí aparecen reconocidas en el pacto, aunque no siempre sean sencillas de resolver en un plazo razonable. Me refiero, por ejemplo, a la importante cultura del conservacionismo que ha arraigado en Catalunya: el reflejo según el cual cualquier actividad sospechosa de llevar la etiqueta de industrial se mira con una exigencia que no se aplica a otros sectores igualmente generadores de externalidades, como el transporte por carretera o el sector porcino. Esta vara de medir asimétrica no es ninguna fatalidad de la naturaleza: es una decisión colectiva y, por tanto, por mucho que se reconozca la necesidad de revertir el rechazo social que se ha ido acumulando, no parece que haya una receta sencilla para hacerlo.

Hay, sin embargo, otras cuestiones que no acaban de aparecer en el pacto, o que lo hacen sin la determinación que merecerían dada su incidencia real sobre la destrucción de tejido. Por ejemplo, una cuestión que está alcanzando dimensiones catastróficas es la ligereza con que el marco jurídico permite que prácticamente cualquier persona, sin estar directamente afectada por un proyecto industrial, presente alegaciones y lo condene a avanzar al ritmo de la justicia, un ritmo que todos conocemos y que es sencillamente incompatible con el de unas empresas que compiten en un mundo frenético, donde a menudo correr es imprescindible para disfrutar de cierta competitividad.

Una cuestión que está alcanzando dimensiones catastróficas es la ligereza con que el marco jurídico permite que prácticamente cualquier persona, sin estar directamente afectada por un proyecto industrial, presente alegaciones y lo condene a avanzar al ritmo de la justicia

O pensamos en la pesada capa de burocracia justificativa que arrastran los mismos instrumentos de apoyo que el pacto contempla: informes de auditoría ad hoc, tres presupuestos de todo, comprobantes de haber pagado hasta el último proveedor dentro de los plazos de la ley de morosidad, memorias técnicas sin fin. En un país de pymes, el coste de oportunidad de dedicar media organización a justificarse es dejar de ganar eficiencia productiva o frenar la actividad comercial. Dicho de otra manera, el instrumento pensado para ayudar acaba detrayendo horas del trabajo que de verdad genera valor.

No se trata de menospreciar el pacto ni las probables buenas intenciones que hay detrás. Pero debemos recordar que ninguna dotación presupuestaria, por generosa que sea, compensa un entorno que trata la industria con más desconfianza que otras actividades y que la hace pagar el peaje de una burocracia desproporcionada y de una judicialización demasiado frecuente de lo que deberían ser trámites administrativos ágiles. Si queremos que el peso industrial deje de caer, el primer compromiso no cuesta ninguno de los 5.000 millones: es dejar de hacernos trampas al solitario, una actitud gratuita.