En el discurso institucional del Dos de Mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a situar la “libertad” en el centro del relato político madrileño. Una libertad asociada, fundamentalmente, a la baja fiscalidad, a la reducción de trabas y a una concepción de la acción pública que pone el acento en no “embridar” la actividad económica. Es un mensaje potente, pero que pide ser analizado con más profundidad cuando se observa desde una perspectiva territorial más amplia.

Madrid no es solo una capital que se beneficia de inercias políticas o económicas; es también el resultado de una determinada arquitectura de decisiones públicas sostenidas en el tiempo. Su condición de capital de Estado se ha visto reforzada por una estrategia de inversión y de organización territorial que ha tendido a concentrar en ella poder y actividad: desde el diseño radial de las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias, la centralidad y conectividad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la localización en la ciudad de buena parte de los centros de decisión corporativos, especialmente a raíz de los procesos de privatización de las grandes empresas y monopolios públicos, acompañados de los ejércitos de consultores, ingenieros, abogados y auditores, conjuntamente con toda la constelación, cada vez más compleja, de reguladores, organismos y empresas privadas que se mueven alrededor de los grandes contratos públicos. Este conjunto de factores no solo ha consolidado el peso político de Madrid, sino que ha contribuido a una creciente concentración de poder económico, financiero y empresarial. No es ninguna casualidad que sea prácticamente la única región que, en lo que llevamos de siglo, haya aumentado (y muy sensiblemente) su participación en el PIB del conjunto del Estado, sobre todo en detrimento de otras más estancadas o en regresión demográfica.

En este contexto, la dinámica de atracción de capitales, talento y sedes sociales no puede entenderse como el resultado de una competencia abierta entre territorios en igualdad de condiciones. Más bien responde a un modelo que, de facto, ha favorecido la canalización de recursos —materiales, humanos y fiscales— hacia el centro, en detrimento de muchas regiones periféricas o interiores. La denominada “España vaciada” o la falta de oportunidades en determinadas capitales españolas pequeñas o medianas no son solo la expresión de una evolución demográfica espontánea, sino también la consecuencia acumulada de decisiones políticas y económicas que han reforzado esta lógica de centralización. ¿Qué área metropolitana hay en un radio de 300 km de Madrid?

Y aquí la política fiscal toma una dimensión especialmente relevante. La combinación de una base económica ya muy concentrada con rebajas fiscales selectivas —en figuras como el patrimonio, sucesiones o el tramo autonómico del IRPF— actúa como factor adicional de atracción de bases imponibles procedentes de otros territorios o del exterior a la hora de decidir ubicaciones de sedes o domicilios fiscales. No es competir en eficiencia, sino hacerlo desde una posición inicial ventajosa. El resultado es un mecanismo que, de facto, contribuye a concentrar aún más recursos financieros y capital humano en un único polo.

Habría que desplazar la discusión de la retórica a las condiciones de fondo que permiten —o limitan— que esta libertad sea realmente compartida

Esta dinámica plantea una pregunta incómoda: ¿qué significa exactamente “libertad” en este contexto? ¿Es simplemente la capacidad de aplicar políticas propias, o también incluye la posibilidad de beneficiarse de un efecto capitalidad que tiene raíces institucionales e históricas? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto esta libertad es simétrica para todos los territorios, o bien se construye sobre desequilibrios previos que tienden a amplificarse? Nos podríamos preguntar una vez más cómo es que no hay todavía una línea de alta velocidad Barcelona-Alicante  (siendo este corredor uno de los más transitados del estado) o por qué se está construyendo (con los retrasos habituales) un corredor mediterráneo de mercancías de prestaciones mínimas en el eje por donde circulan el 55% de las exportaciones del Estado, o por qué las Rodalies de Catalunya son las peores, con diferencia, de todo el estado, incluso, según los datos publicados por la misma Renfe.

El contraste con Catalunya es, en este sentido, ilustrativo. Las demandas recurrentes de más autogobierno fiscal, de reducción del déficit fiscal o de inversiones —planteadas a menudo como instrumentos para afrontar retos estructurales como la vivienda, la productividad o una cohesión social cada vez más deteriorada— acostumbran a generar fuertes controversias en el ámbito político y mediático español. Suelen ser interpretadas en clave de insolidaridad o privilegio, en un marco discursivo mucho más exigente que el que se aplica a otras formas de autonomía fiscal, como es el caso de los conciertos forales vasco y navarro, que, a diferencia de la demanda catalana, no contemplan ningún elemento de solidaridad interterritorial en su configuración legal y financiera.

Esta diferencia de trato se hace especialmente evidente cuando se observa la recepción política y mediática de los diferentes discursos territoriales. Mientras que la apuesta de Madrid por utilizar sus márgenes fiscales extraídos de la acumulación descrita se enmarca a menudo en la narrativa de la libertad y la competitividad y no es cuestionada desde los territorios más perjudicados, los planteamientos desde Catalunya —orientados a ampliar la capacidad de decisión o a reducir el déficit fiscal generado por el drenaje de sus recursos públicos— son a menudo contestados con dureza en debates autonómicos de otros territorios, como se ha visto en la contienda electoral en Andalucía, o en editoriales de medios de capitales del interior peninsular. En estos casos, el relato tiende a desplazarse hacia acusaciones de insolidaridad o privilegio, configurando así un marco discursivo asimétrico que condiciona profundamente el debate sobre el modelo territorial.

En este marco, algunos hemos planteado que la consolidación de lo que el arquitecto Fernando Caballero ha descrito como el gran “Madrid DF” responde, en realidad, a una lógica de proyecto de Estado. Es decir, la construcción de un gran polo político, económico y financiero con capacidad de competir a escala europea y global y liderar la esencia del Estado español a semejanza de París o Londres, aunque esto implique reforzar dinámicas centrípetas en detrimento de otras polaridades económicas dentro del mismo Estado. Si esta lectura es correcta, se entiende mejor por qué este modelo raramente sea objeto de un cuestionamiento profundo en el debate público estatal: ponerlo en duda no sería solo discutir políticas concretas, sino interpelar una determinada concepción de la articulación territorial y del papel que debe jugar la capital en el conjunto de la economía.

En última instancia, el debate no es tanto entre libertad e intervención, como sobre las reglas del juego que garantizan un desarrollo equilibrado y sostenible del conjunto de la economía. Y aquí es donde probablemente habría que desplazar la discusión: de la retórica a las condiciones de fondo que permiten —o limitan— que esta libertad sea realmente compartida.