Dos recientes noticias, en nuestro pequeño mundo de la cadena alimentaria, han venido a despertar profundas señales de inquietud y me gustaría compartirlas con ustedes. Me refiero primero a Doñana y, segundo, a la agresión de unos ganaderos salmantinos a una sede del gobierno de Castilla y León.

El Parque Nacional de Doñana se muere. El proyecto de ley en trámite en el Parlamento andaluz es la gota (con evidentes tintes políticos, tanto para los promotores como para ciertos detractores) que parece haber colmado el vaso. Llevan décadas los científicos (en particular mis compañeros del CSIC) explicando este lento deterioro sin que las distintas administraciones (municipales, provinciales, autónomas y estatales), con distintos colores políticos, hayan hecho lo suficiente para abordarlo.

Yo creo que sería altamente conveniente que más decisiones políticas se tomen con base en los datos que nos comunican los científicos, sobre todo cuando emerge un consenso fuerte entre ellos. Esto es válido para el Parque de Doñana y también lo es para, entre otros, las nuevas tecnologías de edición genética conocidas como CRISPR. Curiosamente, entre los negacionistas de Doñana se encuentran fervientes defensores de estas nuevas técnicas.

Yo defiendo vehementemente la dictadura de la coherencia y, si vale el consenso científico para unos casos, debe valer para todos.

El segundo evento que me ha perturbado y entristecido es el asalto el lunes 5 de junio a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, por parte de ganaderos descontentos con la aplicación de la reglamentación vigente en lo referido a la tuberculosis bovina.

Salamanca es la provincia de España con más vacas y en 2022 alcanzó una tasa de tuberculosis del 4,47 por cada 1.000, frente al 2,53 por cada 1.000 del año previo. La comunidad tiene una prevalencia media del 2,07 por cada 1.000, con Palencia, Zamora, Soria y Segovia sin apenas incidencia y Burgos, León y Valladolid libres de esa enfermedad.

La normativa europea es clara y rigurosa, al tratarse de una enfermedad animal transmisible no solo al ganado, sino también al ser humano: restricciones de movimiento y sacrificios obligatorios del ganado para impedir su propagación, seguimiento minucioso de los ejemplares e inspecciones frecuentes.

Yo, como economista agrario que soy, de eso (como de otras tantas cosas) no sé nada, pero sí confío en la experiencia regulatoria europea, considerablemente reforzada tras la crisis de las vacas locas, y de nuevo en la ciencia. En este caso, los científicos son mis compañeros veterinarios y, en primer lugar, los nueve jefes de sección de Sanidad y Producción animal de las nueve provincias de Castilla y León que rechazaron desde el principio un mandato de “flexibilización” emitido por la Consejería de Agricultura por ser una “infracción manifiesta”. Conociendo como conozco la gran profesionalidad de los funcionarios, incluidos los altos funcionarios, de esta consejería, estoy seguro de que el disgusto está muy generalizado. Estamos ante una instrucción política procedente directamente -me confirman desde dentro de la consejería-, del consejero, militante de Vox.

Aquí se junta la ciencia con la ley, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha aceptado la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado para suspender esta decisión autónoma. 

De nuevo chocamos con la dictadura de la coherencia. Para Vox, el asedio al Parlament de Catalunya en el año 2021 es un delito contra las instituciones que merece ser castigado con al menos tres años de cárcel. Por idénticas razones, se ha condenado a cinco años de cárcel a un joven malagueño por “rodear el congreso” en el año 2013. He tomado ejemplos de actuaciones que pueden considerarse como similares.

A la hora de escribir este artículo, la Policía Nacional ha puesto a disposición judicial un detenido y está revisando los vídeos de las cámaras de seguridad en busca de más participantes. Pero seguimos estando todavía a la espera de una condena similar para hechos similares.

Podemos concluir desarrollando lo dicho en el titular de este artículo. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Si queremos “ley y orden”, lo debemos querer para todos y para todas las ocasiones. Ello será más fácil y socialmente aceptable si estas leyes se basan en grandes consensos sociales y científicos.