Hay una categoría social silenciosa que cada vez adquiere más relevancia social y de la que hablamos menos de lo que deberíamos. No protagoniza grandes titulares, no ocupa el centro de los debates políticos ni tecnológicos y rara vez aparece en las narrativas sobre el mercado de trabajo del futuro.

Me refiero al colectivo de los que llamamos “vulnerables”, que conforman el concepto de “desempleo estructural” y que engloba a las personas que, por sus circunstancias personales, entornos sociales y bajos niveles de cualificación y competencias, observan el futuro desde la periferia, mientras el resto nos centramos en los debates relativos a la inteligencia artificial, la digitalización o la transición ecológica.

Un colectivo que hoy afecta a aproximadamente 1,5 M de personas y que plantea y pone encima de la mesa alguna de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Desde una perspectiva global, la consolidación de los niveles de desigualdad, mientras que en ámbitos más concretos el hecho de que nunca habíamos hablado tanto de talento y nunca habíamos desaprovechado tanto talento oculto.

Los análisis realizados en la UE (CEDECOP) ponen encima de la mesa la evidencia de que el problema es estructural y que no debe centrarse únicamente en los ámbitos educativos o laborales. Porque cuando hablamos de personas con baja cualificación solemos imaginar perfiles homogéneos, casi estereotipados. Pero la realidad es mucho más compleja. No se trata solo de personas sin formación, también hablamos de trabajadores atrapados en roles básicos, profesionales con competencias infrautilizadas, personas expulsadas de sectores en transformación o de los que nunca tuvieron oportunidad de actualizar sus habilidades en un entorno que cambia demasiado rápido.

Vivimos en una paradoja inquietante. Por un lado, las empresas y organizaciones alertan de escasez de talento y dificultades para cubrir determinadas posiciones y, por otro, millones de personas permanecen fuera del mercado laboral o atrapadas en actividades precarias y/o de bajo valor añadido. Dos realidades que conviven sin tocarse. Como si el mercado laboral hubiera dejado de ser un espacio de integración para convertirse en un sistema que selecciona cada vez más rápido a quienes pueden seguir el ritmo… y aparta silenciosamente al resto.

La pandemia aceleró esta fractura. Después llegó la crisis energética. Y ahora la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo tareas, profesiones y sectores enteros. En este contexto, deberíamos repensar qué hacemos con los colectivos más vulnerables: mujeres sin cualificación, inmigrantes, jóvenes y desempleados de larga duración. No solo porque tienen más riesgo de consolidarse en la precariedad económica y social, sino porque tienen una menor capacidad para salir de ella. El problema ya no es únicamente acceder al mercado laboral. El verdadero desafío es permanecer en él.

La exclusión laboral no empieza cuando alguien pierde el empleo, se inicia mucho antes, cuando deja de sentirse capaz de adaptarse al futuro

Y aquí aparece uno de los grandes errores de nuestras políticas públicas: seguimos tratando la formación como una etapa y no como un derecho permanente. Aunque estamos intentando corregirlo, hemos construido sistemas educativos pensados para el inicio de la vida laboral, no para acompañar trayectorias profesionales discontinuas y cambiantes. El resultado es evidente: quienes más formación continua precisan son los que tienen menos oportunidades e incentivos para acceder a ella.

Existe además un componente psicológico y social del que hablamos poco. Muchas personas adultas con baja cualificación no solo se enfrentan ante barreras objetivas, sino que también cargan con experiencias acumuladas de fracaso, inseguridad o desconfianza hacia las instituciones. Los modelos tradicionales de orientación y las prácticas de vinculación entre políticas de empleo y sociales no funcionan. Necesitamos sistemas de acompañamiento mucho más personalizados, capaces de reconstruir confianza además de competencias. Precisamente, esta será con total seguridad una de las conclusiones más relevantes de la 2ª Edición de las Propuestas Ergon para la mejora de la gestión del mercado de trabajo que estamos desarrollando en estos momentos. Porque la exclusión laboral no empieza cuando alguien pierde el empleo, se inicia mucho antes, cuando deja de sentirse capaz de adaptarse al futuro.

Las propuestas e iniciativas europeas apuntan en algunas líneas de actuación posibles: reforzar el aprendizaje permanente, desarrollar competencias básicas y digitales, reconocer aprendizajes previos, mejorar la orientación profesional y promover empleos de mayor calidad. Todo ello es necesario, pero insuficiente si seguimos pensando y actuando desde las categorías del pasado. La verdadera cuestión no es únicamente cómo formar mejor a las personas vulnerables. La pregunta incómoda es otra: ¿Estamos generando los impactos e incentivos adecuados para que el mercado de trabajo sea capaz de integrarlas?

Porque podemos hablar de reskilling, microcredenciales o competencias digitales, mientras que el conjunto del sistema sigue sin tomar en cuenta que tenemos a millones de personas que sobreviven fuera del mercado de trabajo. Básicamente, porque las reglas del juego son, probablemente, demasiado exigentes para quienes parten desde posiciones más frágiles. Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente cultural, estratégico y político. Porque integrar a las personas vulnerables no es solo una cuestión de eficiencia económica. Es una cuestión de cohesión social, de estabilidad económica, de dignidad.

El futuro del trabajo no se decidirá únicamente en los laboratorios tecnológicos ni en las grandes corporaciones. También en la capacidad que tengamos para integrar a quienes hoy observan la transformación desde la distancia y la incertidumbre. Si una parte creciente de la población percibe que no tiene lugar en el futuro, el problema deja de ser estrictamente laboral. Se convierte en un problema de contrato social