El Financial Times publicaba una exclusiva hace justo unos días: el gigante del acero ArcelorMittal cancela todos los planes de descarbonización de sus fábricas europeas. La decisión es extraordinariamente sorprendente, considerando que el líder industrial de los metales en Europa ya había acumulado 1.300 millones de euros en concepto de ayudas públicas para tal finalidad, que evidentemente tendrá que devolver, y que el propio conglomerado ha anunciado que se hará de inmediato. A escala más local – y más pequeña, claro está – coincidía en torno a las mismas fechas la renuncia pública de la papelera Miquel i Costas en los fondos Next Generation, en la convocatoria del PERTE de descarbonización, para descarbonizar su fábrica de Claramunt mediante la sustitución del gas natural por una caldera de biomasa. En este caso, la empresa catalana no hará falta que devuelva los 1,9 millones de subvención porque no se habían cobrado, pero en todo caso han presentado el desistimiento formal del proyecto. Miquel i Costas fue un poco más allá que ArcelorMittal y puntualizó que siguen pensando que es un buen proyecto, rentable e industrialmente correcto, si bien hay una imposibilidad manifiesta de hacerlo realidad dado que los fondos se tienen que ejecutar antes de la primavera de 2026 – según las propias bases de las ayudas Next Generation, tal como se definieron después del Covid, en acuerdo entre todos los países de la Unión Europea. Pero esta fecha límite choca con la realidad que, hoy día, han sido incapaces de obtener los permisos adecuados por parte de la Generalitat, y a menos de un año por|para la finalización del proyecto, ya no queda tiempo material para hacer las obras y montaje que requiere una instalación industrial de estas dimensiones.

A pesar de ArcelorMittal no sea tan transparente como Miquel y Costas, es más que probable que las causas subyacentes de la cancelación de la totalidad de su programa de descarbonización de fábricas europeas sean las mismas: la imposibilidad de convertirlo en realidad. Ni se están concediendo los permisos necesarios – de obras, pero también licencias ambientales, recalificaciones de terrenos...– ni se están desarrollando las infraestructuras de contexto que tenían que formar parte esencial del nuevo escenario, como por ejemplo los conductos de hidrógeno verde o las redes de transporte eléctrico por término medio y alta tensión para posibilitar la electrificación industrial. Sin permisos, sin líneas eléctricas, sin tubos que transporten alguna cosa más que gas natural, las fábricas no pueden, materialmente, ejecutar el plan de descarbonización tal como estaba previsto, independientemente de si los gestores tienen la voluntad de hacerlo o de la existencia de ayudas públicas para tal finalidad.

A pesar de estas adversidades, en la otra cara de la moneda, se mantiene el contrapeso diseñado al principio: todas estas industrias tienen que seguir entregando "derechos de emisión de CO2", una especie de billetes del Monopoly que nos hemos inventado los europeos, uno por cada tonelada de emisiones generada. La Unión Europea emite un número finito de estos billetes del Monopoly, decreciendo año tras año, y las industrias y especuladores financieros compiten entre ellos para comprarlos en el mercado – en el caso de las industrias, para intercambiarlos por las emisiones que producen; en el caso de los actores del mundo financiero, para venderlos posteriormente a un precio más elevado a otras industrias. Así pues, su precio cambia de forma dinámica como si fueran instrumentos de renta variable (acciones de empresas o buenos del estado). La idea es noble: si cada año se emiten menos derechos de emisión, pero contamos con el mismo número de industrias emisoras, su precio unitario aumenta, de manera tal que se vuelve comparativamente competitivo adoptar determinadas soluciones de descarbonización como el hidrógeno verde o la electrificación de procesos térmicos. Pero los eurócratas se olvidaron de dos matices importantes. El primero de ellos: este planteamiento exige que las alternativas verdes existan en el mundo real – es decir, que no sean un PowerPoint ni una nota de prensa con una fotografía de Úrsula Von der Leyen paseando entre un mar de paneles solares, sino que haya permisos de obras e industriales, licencias de actividad, redes eléctricas suficientes por término medio y alta tensión, acometidas de conexión y tubos de hidrógeno verde, entre otros. El segundo, que incluso si las alternativas verdes de mayor coste existieran en el mundo real, al fin y al cabo solo sería un incentivo para la deslocalización industrial hacia países no europeos donde no hay estos mecanismos en vigor, en la medida en que no se pide a los competidores de Miquel i Costas de Turquía, Marruecos o Brasil que tengan la misma sensibilidad ambiental cuando exportan productos con destino Unión Europea.

Así las cosas, recopilamos: la industria europea cancela, por imposibilidad de ejecución, los proyectos de descarbonización previstos. En paralelo, no solo no se cancela sino que se acelera la fiscalidad verde, con un precio estimado de 150€ por tonelada de CO2 el año 2030, según estimaciones de Bloomberg. Una cifra que será cero en el caso de los competidores no europeos de las empresas citadas que exporten a Europa. ¿Todos nos imaginamos cómo acabará y hacia dónde llevará esta política, verdad?