Una huelga de Pisuerga
- Fernando Trias de Bes
- Barcelona. Domingo, 18 de octubre de 2026. 05:30
- Tiempo de lectura: 3 minutos
CCOO y UGT han convocado una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre. El lema reúne salarios, vivienda y precios. Ya, pero el origen está en las movilizaciones por los problemas de vivienda. Varios sindicatos corporativos y sectoriales se han desmarcado de los dos grandes sindicatos españoles.
Comparto el desmarque de los sindicatos corporativos. Una reivindicación, para ser justa, debe utilizar un instrumento adecuado.
La huelga nació como una herramienta de presión dentro de una relación económica concreta. Los trabajadores retiran temporalmente su trabajo. La empresa pierde producción. Ambas partes soportan un coste y tienen incentivos para negociar una solución. La eficacia de la huelga como derecho e instrumento de presión depende de una condición esencial: delante debe haber alguien capaz de conceder aquello que se reclama.
Y yo pregunto: ¿Qué puede hacer una fábrica, una farmacia o una consultora con el precio del suelo, las licencias urbanísticas, el parque público o la fiscalidad de la vivienda?
La eficacia de la huelga depende de una condición esencial: delante debe haber alguien capaz de conceder aquello que se reclama
Los sindicatos responden que el alquiler se come el salario. Vale. Tienen razón. La vivienda determina el salario real, la movilidad laboral y la posibilidad de aceptar un empleo en otra ciudad. También influye en la productividad. Un trabajador que vive lejos soporta más tiempo de desplazamiento, más gasto y más desgaste. Por ello, los sindicatos deben participar en el debate. La cuestión decisiva es cómo participan y sobre quién ejercen la presión.
La Constitución reconoce la huelga para defender los intereses de los trabajadores. El Real Decreto-ley de 1977 considera ilegales las huelgas con finalidades ajenas al interés profesional. El Tribunal Constitucional amplió después esa noción y admitió reivindicaciones vinculadas a políticas económicas y sociales que afecten a los trabajadores. Por tanto, no puedo aducir ilegalidad. Pero sí que llevo el debate, en esta mi columna semanal de ON ECONOMIA, a la idoneidad y la responsabilidad.
Las grandes huelgas generales españolas tuvieron contraparte y expediente concreto. La de 1988 respondió al plan de empleo juvenil del Gobierno. Las de 2012 combatieron reformas laborales que modificaban contratación, despido y negociación colectiva. El Gobierno era destinatario porque había escrito las normas, y las empresas estaban implicadas porque esas normas regían la relación laboral.
La crisis residencial tiene otra arquitectura: Estado, comunidades, ayuntamientos, propietarios, promotores, bancos y arrendatarios. Requiere coordinar oferta, regulación y protección social. Un paro laboral no es la acción a un problema que necesita muchas palancas que no están precisamente entre las que los empresarios o patronales puedan accionar.
¿Qué puede hacer una fábrica o una farmacia con el precio del suelo, las licencias urbanísticas, el parque público de vivienda o la fiscalidad?
Paralizar centros de trabajo traslada el coste a empresas que carecen de competencias en vivienda. También lo asumen los trabajadores que pierden el salario de ese día, los clientes y los ciudadanos afectados por los servicios mínimos. Que sí, que quienes deciden sobre suelo, vivienda pública, regulación del alquiler o incentivos fiscales recibirán una presión indirecta. Pero, oigan, la cadena causal es demasiado larga. Y cuando una herramienta reparte el coste entre actores que apenas controlan la solución, esa herramienta pierde precisión y legitimidad.
CCOO y UGT han incorporado a la convocatoria la subida salarial, el desbloqueo de convenios y otras demandas laborales. Esa ampliación crea encaje sindical, pero no somos tontos. Están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Si una huelga sirve a la vez para los alquileres, la inflación, el salario mínimo, la negociación colectiva y las políticas públicas, resulta imposible saber qué acuerdo permitiría desconvocarla.
Les planteo a los sindicatos esta pregunta: ¿qué habría de hacer la empresa española o la patronal para que desconvoquen la huelga?
Los grandes sindicatos se suben a la principal protesta social del momento porque les devuelve visibilidad. Pero la operación les puede salir al revés
Yo se lo diré: nada que decidieran evitaría el problemón de la vivienda.
Por tanto, ¿por qué una huelga general que a quien más machaca es a la empresa privada?
Una movilización eficaz necesita objetivos verificables, responsables identificables y una salida negociada.
Sospecho que detrás de esta convocatoria aparece otra inquietud. Los grandes sindicatos buscan conservar centralidad en una sociedad con empleos fragmentados, autónomos, plataformas y menor identificación colectiva. Subirse a la principal protesta social del momento les devuelve visibilidad.
Pero les diré algo. La operación puede salir al revés. Una institución gana relevancia cuando resuelve bien los problemas para los que fue creada. Si necesita apropiarse de problemas ajenos, quizá esté dejando entrever dudas sobre su peso social.
Es una huelga de Pisuerga. Pero hará el mismo daño que si no pasara por Valladolid.