Ha acabado el año con una expectativa muy diferente de como lo empezamos con respecto al gasto social. Se han aprobado recientemente las nuevas reglas europeas para la contención del déficit y la deuda. Venimos de una etapa en que los estados, con el visto bueno de las autoridades financieras, han gastado a manos llenas. Y los viejos keynesianos han sacado pecho, como los Aragorns de El Señor de los Anillos, contra la crisis económica. Pero todo indica que eso se ha acabado, y volveremos a poner orden en las cuentas públicas. Y que estará más por el lado de la austeridad al gasto, que del aumento de impuestos, más allá de lo que suban los ingresos por la vía de los incrementos de las bases tributarias.

Entramos, de nuevo, en un bucle conocido hasta ahora de mucho más hablar que hacer; de mucho menos presupuestar que liquidar. Todo muy esperable de la actual mayoría que gobierna el Estado, y todo mucho más peligroso por la improvisación que podría suponer si procediera de su alternativa política, si fuera el caso. De manera que, en este primer artículo del año, ante la tormenta que se acerca sobre el debate del devenir del gasto social, me atrevo a hacer, de manera cruda y asistemática, una tormenta de ideas. Querría pensar que algunas podrían servir para coger viejos problemas y reconducir el gasto social, si somos serios esta vez, y así enderezarla, aunque no confío demasiado. He aquí unas pocas sugerencias.

En general, mejor redistribuir por el lado del gasto que de los ingresos. Es empíricamente más efectivo el gasto en servicios que en dinero.

No se puede asumir que un gasto cargado al presupuesto es siempre y en todo caso más redistributivo que un precio que afecte al usuario. Depende de qué precio y qué impuesto se aumenta.

Mejor redistribuir por el lado del gasto que de los ingresos: es más efectivo el gasto en servicios que en dinero

Un copago no siempre es peor que dejar de suministrar un servicio por falta de financiación. Algo efectivo, pero de coste público no asumido, implica el equivalente a un copago del cien por cien y marca en mayor medida a quien no acabará teniendo acceso.

Una deducción fiscal (primero se paga y después se deduce del tributo) es un copago que se puede acompañar regulatoriamente. También lo es una tasa o una contribución especial. Copagar (que quiere decir complementar los ingresos públicos con dinero de los usuarios allí donde ya no llegan los de los contribuyentes) desde una política de reembolsos es siempre más sencillo que si se tiene que articular desde la prestación misma de los servicios; y variar la tasa cuando ya existe es siempre más fácil a igual cuantía que introducirla en primer lugar.

Parece lógico favorecer un precio vinculado a la renta a través del IRPF. Se reciben a final de año los detalles de la utilización hecha de los servicios públicos afectados (dependencia, educación, sanidad...) con el coste sombra global que representan. La utilización indebida e informada de copagos se incorporaría como utilización en especie, como beneficio recibido por el importe correspondiente, en la base fiscal y tributaría de acuerdo con el tipo efectivo general resultante. Tiene elementos pedagógicos, de visualización del coste de los servicios, de para qué sirven los impuestos, es progresivo y, está claro, promueve la generalización del IRPF.

No soy partidario de la renta básica universal: es un artilugio confuso, tiene un coste elevadísimo y es de cobertura y propósito poco juiciosos

No soy partidario de la renta básica universal. No es razonable sustituir servicios por dinero (renta), es equívoco que se diga básica (?), o garantizada (?), ni que sea universal (fiando que se recupera la regresividad a través del impuesto progresivo sobre la renta por la mayor base fiscal). Considero que es un artilugio confuso, que hace increíble e insensato sustituir el resto o muchas de las otras prestaciones existentes para que sea financiable; tiene un coste elevadísimo sin obstáculo, y es de cobertura y propósito poco juiciosos: un añadido mayúsculo a un gasto social ya hoy poco sostenible.

El concepto de ciudadanía en los vínculos de solidaridad, en la que se juntan ciudadanos contribuyentes y miembros de la comunidad protegidos socialmente, necesita refinamiento. Hacen falta cláusulas de temporalidad, condicionamientos de inclusión social, hace falta aceptación de las sociedades de acogida antes de otorgar derechos plenos. No hacerlo así es una trampa para la solidaridad: se confina intragrupos, se bunqueriza entre grupos, genera tensiones étnicas y estropea, a través de la polarización, los objetivos de convivencia mayormente preciados.

El gasto social tiene que estar orientado por la prueba de medios y por el test de necesidades. Diría universalismo 'proporcionado', para alejarlo de la tradicional de 'barra libre', que otorga los beneficios que hay en cada momento disponibles según acceso a los mismos, tantas veces como veces esté en esta cola. Eso requiere, claro está, una gestión pública más activa, averiguando necesidades y medios, más incómoda que la universalista de la oficina abierta en horario laboral y "coja usted lista de espera". Cabe decir que eso se tiene que hacer con cuidado, para no acabar en un estado del bienestar orientado solo a los pobres y con el desinterés de las clases medias, que puede inducir finalmente a un pobre estado del bienestar.

No es lo mismo hablar de los trabajadores del estado del bienestar que del bienestar de los trabajadores del Estado

Es insensato confundir financiación pública con producción pública, administrativa, presupuestaria y bajo el régimen contable y fiscalizador públicos. Muchos servicios públicos quedan hoy 'tarados' por esta visión, que sitúa la provisión pública no solo en la ineficiencia económica, sino también ajena a los intereses de la gente, secuestrados por los trabajadores públicos. Recordamos que no es lo mismo hablar de los trabajadores del estado del bienestar que del bienestar de los trabajadores del Estado.

Muchas políticas tienen una efectividad mayor o menor, siendo específicas en su contexto. Soy poco partidario del sistema comparado basado en el registro de países diferentes, realidades diversas, propósitos variados. Así, a la hora de contrastar las experiencias en renta básica universal de Alaska, Manitoba, Finlandia o el Baix Llobregat.

Algunas actuaciones al servicio de las políticas públicas más sociales ciertamente tendrían que agencialitzarse, sacar de la disputa política, para ser realizadas a partir de procedimientos consensuados desde del 'velo de la ignorancia'; otros se tienen que coordinar, ya que son interdepartamentales y horizontales (los servicios sociales y los de su entorno, con toda seguridad); otros se tienen que tecnificar de la mayor manera posible, desde el conocimiento, basándose en la evidencia; algunas se tienen que impermeabilizar respecto de la participación envolvente de los grupos de interés (sindicales, de potenciales afectados, de negocio empresarial). Está claro que es mejor contar con instituciones prestamistas sin ánimo de lucro cuando se abre la provisión pública a terceros. En todo caso, recordar siempre que if not for profit, for what?: excedente hay siempre en toda actividad. La cuestión es quién y cómo se lo apropia. Reconocerlo es señal de sociedad democrática desarrollada.

Encontraréis una lista completa de estas ideas, y algunas otras, a: https://repositori.upf.edu/handle/10230/58600