Una de las quejas más repetidas por nuestros agricultores en sus manifestaciones es que ellos están sometidos a muchas limitaciones y controles y que, en cambio, los productos importados no ofrecen a los consumidores los mismos niveles de garantía.

También son frecuentes las quejas sobre lo que los malintencionados llaman la “laxitud” de algunos Estados miembros y gestores de grandes puertos en estas tareas de control. Otros, mejor intencionados, subrayan la gran dificultad de controlar efectivamente lo que pasa y lo que entra en estos puertos. No hablamos únicamente, ni siquiera principalmente, de productos agrarios. Algunos de los Estados miembros que los acogen han llegado a ser calificados incluso de “narcoestados”.

Una solución lógica sería comunitarizar la labor y la responsabilidad del control en frontera.

Frontex se creó el 26 de octubre de 2004 (iniciando operaciones en 2005) como la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. Su creación respondió a la necesidad de gestionar de forma conjunta las fronteras exteriores de la Unión Europea y el espacio Schengen, especialmente tras la eliminación de fronteras interiores y la ampliación de la Unión Europea (UE).

Inicialmente, Frontex se enfocó en coordinar la cooperación entre las guardias nacionales, pero con el tiempo ha ampliado su mandato para convertirse en un brazo operativo con capacidad de actuación directa en las fronteras de la UE.

La intención de la Comisión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere una agencia Frontex mucho más grande y fuerte. Su planteamiento, que todavía no ha adoptado un carácter formal, es aumentar el número de agentes permanentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas a 30.000, triplicando el objetivo establecido por el reglamento de 2019, que exigía 10.000 guardias fronterizos para 2027. Siendo la cifra actual de 8.000, este aumento potencial es recibido con escepticismo, casi incredulidad, en las capitales nacionales.

Esta idea se enfrenta a grandes resistencias por parte de muchos Estados miembros.  Según un resumen reciente del Consejo sobre las conversaciones entre las capitales nacionales, citado por Euractiv, la mayoría «no ve actualmente el valor añadido ni la necesidad operativa de una expansión significativa».

Es verdad que la agencia ha sido objeto de numerosas controversias, incluyendo acusaciones de violaciones de derechos humanos y devoluciones forzadas, que llevaron a la dimisión en 2022 de su entonces director ejecutivo, Fabrice Leggeri, ahora diputado de extrema derecha al Parlamento Europeo. La credibilidad operativa de la agencia sigue bajo escrutinio.

Sin embargo, Bruselas quiere avanzar y, a mi juicio, tiene razón. Triplicar el número de guardias fronterizos de Frontex requeriría una revisión del reglamento de la agencia, una enmienda que se espera que el poder ejecutivo presente a finales de este año 2026.

Un “consenso” erosionado

Ya empiezan a surgir señales políticas. En febrero, una coalición de diez países —Chequia, Croacia, Hungría, Grecia, España, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovenia— habría enviado a la Comisión un documento informal, en el que se advierte contra cualquier ampliación drástica del mandato de Frontex.

El consenso se erosiona cuando la discusión se concentra en los retornos de los emigrantes ilegales. Los representantes de varios Estados miembros afirman que, para fortalecer el papel de Frontex, es necesario convertirlo en un instrumento más eficaz para deportarlos a países de fuera de la UE.

Incluso un tema como el posible papel de Frontex en una defensa común europea aparece en estas discusiones como secundario.

No hace falta insistir entonces en que el posible papel de Frontex en los temas relacionados con “una sola salud” (humana, medioambiental, animal y vegetal) es pura política ficción.

Podemos entonces responder claramente con la negativa a la pregunta que da título a esta entradilla. Hoy en día, Frontex ni está ni se le espera.